Mujeres

Voluntad política es lo que falta para que las mujeres accedan a la justicia

Se instaló el consejo Consultivo Ciudadano para el seguimiento de feminicidios.

2019-04-12 15:40:41 Leído : 672 veces.
Que se cumpla con lo que ya tenemos, dijo, que es la perspectiva de género y la debida diligencia, lo que falta es voluntad política.

SemMéxico. Cd. de México. 12 de abril de 2019.- No se necesita elaborar una Ley General de Feminicidio, sino que se cumpla con lo que ya tenemos exigió la señora Irinea Buendía al demandar que se elabore un protocolo único para la investigación del delito de feminicidio bajo el nuevo sistema de justicia penal y con los estándares de debida diligencia y perspectiva de género reconocidos en la sentencia de su hija Mariana Lina Buendía por la Suprema Corte de Justicia.

Que se cumpla con lo que ya tenemos, dijo, que es la perspectiva de género y la debida diligencia, lo que falta es voluntad política para darnos acceso a la justicia que tanto hemos luchado y merecen nuestras hijas.

De inmediato los familiares de las víctimas corearon ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!  manifestando molestia, ya que muchos no pudieron participar y venían de diversos estados del país. 

Estamos aquí, dijo, no para causar lastima, luchamos no por gusto, sino porque nuestras hijas lo mínimo que requieren es justicia y porque decidimos levantar la voz.

Como madre de víctima y por el camino que ha recorrido, Irinea Buendía Cortez, señaló que las autoridades municipales, que son las primeras con las que se hace contacto cuando ocurre una muerte violenta de  mujeres son las primeras en manejarlos como suicidio u homicidios, y resulta muy difícil reclasificar el delito como feminicidio.

En su caso particular acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, (ONCF) que fue la organización que la acompañó y le creyó, llegaron a la Suprema Corte de Justicia y se logró la sentencia con esos efectos.

Primero investigar la muerte violenta de una mujer con perspectiva de género y la debida diligencia; sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades y obstruyeron la justicia, y reparar el daño por las autoridades con medida progresivas específicas.

Respecto a la perspectiva de género detalló que no es a criterio ni a interpretación personal, así no sirve, es analizar el entorno en el que vivió la víctima.  

Sin embargo, Irinea Buendía, señaló que a cuatro años de la sentencia en 2015 no sabe dónde quedo la capacitación a los servidores públicos.

Por otra parte, informó que el próximo 23 de abril, tienen la última audiencia en el juicio contra Julio César Hernández Ballinas, quien era comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, quien cometió feminicidio contra Mariana el 28 de junio de 2010, y quien fue aprehendido el 23 de junio de 2016.

 

Ley General de Feminicidio, Código Penal Único, revisión de Alertas de Violencia de Genero y Fondo de emergencia para feminicidios las principales demandas.

La discusión sobre elaborar una Ley de Feminicidio y analizar si funcionan las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fueron las propuestas más socorridas por las diputadas de la Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura, lo que provocó la intervención de Irinea Buendía al señalar que les dejaba su propuesta que ya se las había dado a conocer anteriormente. 

Al inicio de la sesión, la diputada morenista Lorena Villavicencio de la Subcomisión de Justicia para la Atención a Feminicidios y Violencias contra las Mujeres de la LXIV Legislatura, reconoció que detrás de las historias de dolor de las víctimas hay una enorme valentía y conocimientos que se necesitan agregar para lograr mejores instrumentos jurídicos.

Por lo que exhortó a las presentes a participar con sus propuestas con las cuales se elaborará una agenda de mesas de trabajo para que las exigencias de las mujeres se conviertan en una voz fuerte para lograr cambios radicales en la impartición y administración de la justicia.

Como una primera acción informó que será la comparecencia del fiscal General Alejandro Gertz Manero y de los fiscales estatales ante la Comisión de Justicia para que expliquen las medidas que adoptarán para que los Ministerios Públicos garanticen justicia para las mujeres y que serán invitadas.

Señaló como un objetivo general construir un espacio institución multidisciplinario para dar seguimiento a los casos de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres por razones de género.

Lo anterior para la evaluación de acciones encaminadas a la prevención, atención, investigación y sanción a la violencia contra las mujeres por parte del poder ejecutivo y judicial respectivamente en los distintos niveles de gobierno, así como para la revisión y fortalecimiento del marco jurídico legislativo en materia.

Como objetivos específicos mencionó solicitar información relacionada con el status y avance de investigaciones y casos de feminicidios, desapariciones, trata de personas, violaciones sexuales y otras formas de violencia a las mujeres para el análisis, evaluación y seguimiento y acciones en consecuencia a las fiscalías estatales y fiscalía general.

Revisión técnica, legislativa, presupuestal y operativa de la Alerta de Violencia de género, de manera general por estado y municipios, para fortalecer, modificar o profundizar en lo necesario para su eficaz funcionamiento.  

Por su parte, la diputada Guadalupe Almaguer del PRD, ante el reclamo de los familiares de las víctimas de que no los escucharon les señaló que estaban conscientes del trabajo y esfuerzo de cada uno de ellos que se han trasladado desde diversos estados de la Republica, y les aseguro que tuvieran confianza de que las iban a representar en la legislatura de la paridad.

Que diez mujeres asesinadas al día no es cosa menor y se pronunció por un código penal único que incluyera todas las causales de violencia hacia las mujeres. Y lo que falte que se tipifique se incluirá, para eso son los ejercicios de las mesas del consejo consultivo ya que se requiere de la participación de la sociedad civil, de los especialistas y de los familiares de las víctimas. 

Por la participación de los familiares destacaron la de Jacobo Mora Herrera, hermano de la maestra rural Patricia Mora Herrera asesinada en Zacapoaxtla, Puebla y el también vocero de las familias que integran “Voces de la Ausencia” demando considerar el Feminicidio como una emergencia nacional.

La participación de Norma Andrade a quien la fiscalía de Chihuahua le dijo cuándo su hija Lilia Alejandra García de 17 años no volvió a su casa después del trabajo en una maquiladora que se había ido con el novio, demandó que a los adolescentes que cometen feminicidio los traten como adultos.

También respondió que no se vale decir que las madres tienen la culpa por educar a los hijos con estereotipos culturales y coincidió con la señora Irinea en que no hay voluntad política ya que no se le da seguimiento a la capacitación de los servidores públicos, ya que se los ha encontrado y los mandan a cumplir otras tareas por lo que los recursos se gastan inútilmente.  

La Fiscal Irma Millán Velázquez especializada en feminicidios señaló que en el Estado de México se ha visibilizado los feminicidios y que hacen lo mejor que pueden y destacó la importancia de la sentencia Mariana Lima Buendía, ya que al día de hoy los procesos terminan en contra del sujeto que comete el feminicidio.

Por otra parte, Teresa Ulloa propuso la creación de un fondo de emergencia para el feminicidio tras señalar que hay señalar que si se pueden cambiar las leyes con lo que coincidió con la diputada Lorena Villavicencio que entre sus acciones está el hacer una propuesta para el presupuesto 2020 para las mujeres, ya que lamentamos enormemente que los temas de las mujeres y la justicia no está reflejada actualmente.   

Patricia Otamendi por su parte pidió analizar la pertinencia o no de una Ley General de Feminicidio por 33 causales y un código penal único que se redacte de una forma consensuada por todas las participantes del consejo Consultivo.

También que se analizara la pertinencia o no del recién lanzado plan emergente del gobierno federal y el Instituto Nacional de las Mujeres para garantizar la integridad, la seguridad de las mujeres y niñas en México, ya que indicó al parecer no tiene ni pies ni cabeza. 

La abogada de a pie como ella misma se catalogó, Ana Katilia Suárez demandó que se establezca con más seriedad lo que es violencia institucional y que se reglamenten las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y se les dé seguimiento. Se comprometió a hacer un análisis de un código penal único y que se les reconozca a los familiares como víctimas directas y no “indirectas”.

También la diputada Verónica Juárez del PRD propuso como uno de los temas a analizar la violencia en las comunidades indígenas y ver si funcionan o no las Alertas de Violencia de Genero contra las Mujeres.

En la Instalación del Consejo Consultivo Ciudadano para el seguimiento de casos de Feminicidios y otras formas de violencia estuvieron presentes representantes de la CNDH, CONAVIM, de algunas instancias gubernamentales y familiares de las víctimas.

 

 




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