Ejecutivo

Policías municipales someten a tortura a una ciudadana

Bárbara García Chávez presentó el caso y pide no haya impunidad.


* El 22 de febrero pasado fue detenida, junto con su hermano, esposada y torturada en los separos de la policía municipal.

Redacción


SemMéxico, Oaxaca, 2 de marzo de 2017.- Tengo miedo, dice Marisol Hernández Terrazas en breve entrevista posterior a la presentación del caso en la Sesión de Cabildo en la que la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez solicitó al cuerpo edilicio actuar para que no haya impunidad frente a estos hechos.
Hernández Terrazas denunció que el 22 de febrero pasado fue detenida, junto con su hermano, esposada y torturada en los separos de la policía municipal donde permaneció entre las 09:00 y las 02:00 horas del día siguiente, luego de que el juez calificador les informara que no había ninguna falta administrativa por lo que podían irse.
Explicó que el 22 de febrero al salir de su casa fue interceptada por un hombre que no conocía y que ahora sabe se llama Manuel Martínez Salazar, y una señora que le reclamaba sobre un pleito que habían tenido su hijo y el de ella. Por los gritos de auxilio, salieron en su defensa su hermano y su hija quien pidió auxilio a través de un número de emergencia.
En breves minutos llegaron dos patrullas (camionetas) con alrededor de 10 policías quienes sorpresivamente los detuvieron y esposaron utilizando excesiva violencia en su contra, para luego subirlos a las patrullas, una de ellas con el número 181, y trasladarlos a las instalaciones de la policía municipal de Oaxaca de Juárez.
Hernández Terrazas trató de explicar los hechos, en respuesta los policías le decían “ya se chingaron” al tiempo de que un comandante se comunicó vía radio con “el Halcón” señalando que “el problema estaba arreglado”.
Los hermanos fueron separados, ella fue llevada a un cuarto contiguo a las celdas de la policía municipal, antes les tomaron las huellas dactilares y les pidieron que dejaran sus pertenencias.
Marisol Hernández, custodiada por dos mujeres policías, recibió la orden de quitarse toda la ropa, y aunque señaló que no lo haría y una de las policías dijo que entonces ellas iban a desvestirla.
Las policías Benita Eugenia Toros Sarabia y Mónica Mejía Mejía, placas 518 y 642, se reían de ella mientras se desvestía y luego le ordenaron que hiciera tres sentadillas de lo contrario le iría muy mal, le dijeron. “Me sentí molesta, pero sobre todo muy humillada”, refiere Hernández Terrazas.
Posteriormente fue trasladada al área médica donde le indicó al doctor que le dolía la cabeza, la espalda, los brazos y las manos debido a los maltratos recibidos durante la detención, lo que a decir de la denunciante no importó, pues el médico solo escribía. Ahí mismo le tomaron fotografías.
Alrededor de la 01:00 horas estuvo frente al juez calificador, quien le dijo que podía irse, que no había cometido ninguna falta administrativa.

La costumbre debe ser la dignidad
El caso fue presentado hoy en la Sesión de Cabildo por la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, quien pidió que ante las múltiples violaciones a los derechos humanos de la señora Marisol Hernández Terrazas, por parte de elementos de seguridad municipal que infringieron no sólo la Constitución, sino también diversas leyes y reglamentos, así como los instrumentos internacionales, tratados y convenciones que rigen al mundo en esta materia, pidió la separación del cargo en tanto se realizan las investigaciones, así como medidas cautelares y, en su caso, el resarcimiento de daños.
Agregó que lo que vivió la señora Marisol Hernández Terrazas y su hermano desde su detención violenta por más de 10 elementos de la policía municipal -la privación de su libertad evidentemente ilegal, tortura, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, retención ilegal en la cárcel municipal, equiparada al secuestro-, constituyen múltiples violaciones a sus derechos humanos: derecho de integridad libertad y seguridad personal, derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad.
Sostuvo que la autoridad municipal debe actuar porque las víctimas de la agresión estuvieron en manos de una red de complicidad que comienza con la instrucción de un mando medio o superior al que señalaron como “El Halcón”; el Comandante a cargo Primero López Taurino; sus subordinados Vicente Félix Mendoza Muñoz y el chofer de la Unidad 181 Abraham Antonio Valdivieso; así como las policías Benita Eugenia Toros Sarabia y Mónica Mejía Mejía, una de ellas es quien ejecuta las acciones de vejación y tortura.
Así como el Juez Calificador de turno Eugenio Palacios Pineda, que a pesar de saber lo que sucede, es omiso. Incluso el jefe de Unidad de Asuntos Internos, Ernesto Niño de Rivera Rojas, ante quien la agraviada interpuso la queja.

Por último, indicó que el Comisionado de Seguridad Pública, que teniendo conocimiento de estos sucesos no se ha comunicado con la agraviada, respecto de las medidas cautelares y en su caso el resarcimiento de daños.
Por último, dijo que estas acciones arbitrarias no deben repetirse, la costumbre tendría que ser vivir con dignidad, libertad y derechos garantizados por el gobierno.


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