Mujeres

Piden organizaciones atender violencia política en Oaxaca

Señalan que hay omisiones de los gobiernos estatal y federal


* *Autoridades reducen situaciones a “conflictos locales”

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 1 marzo 2017.- La omisión del gobierno estatal y federal contribuye a la prevalencia de la violencia política contra las mujeres en Oaxaca y fomenta que ésta se agudice y que pudiera derivar en acciones irreparables, señalan hoy organizaciones civiles de Oaxaca.
En un comunicado enviado a través del Colectivo Ciudadanía de las Mujeres y firmado por diversas organizaciones, exigen a los gobiernos estatal y federal acciones inmediatas y eficaces para garantizar los derechos de las mujeres oaxaqueñas a la participación política. Así como medidas de seguridad y protección para las mujeres que viven violencia política, a fin de salvaguardar su estabilidad e integridad física, así como la de sus familiares.
También pidieron que se instale de manera inmediata de una mesa de diálogo en San Juan Bautista Lo de Soto para resolver la situación que impide a Samantha Caballero, presidenta municipal electa, el ejercicio de su cargo, ante la violencia que ejerce el síndico municipal, y el reconocimiento de la tesorera María Hernández Santiago, quien fue desplazada de su lugar para que de manera arbitraria se nombrara a Nazario Bracamontes Clemente, lo que ha impedido que el municipio reciba las aportaciones municipales que le corresponden.
Por último, exigen medidas para garantizar que en la asamblea para elegir a las autoridades sea repuesta en San Martín Peras, donde las mujeres participen sin temor a represalias.
En un recuento, refieren que desde el 21 de febrero pasado habitantes de la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec, tomaron el palacio municipal para exigir una sesión de cabildo y pedir se respeten las funciones de la presidenta municipal, a fin de que se generen las condiciones para desempeñar su cargo a cabalidad y la población pueda recibir los servicios.
Pablo Árnica Valentín, síndico municipal -quien ha presionado a Samantha Caballero para que deje su cargo y él pueda ser el presidente municipal- se negó al diálogo con la población y junto con sus colaboradores huyó del palacio municipal, lugar en el que se encontraba encerrado junto con la presidenta municipal.
A la fecha el palacio municipal sigue tomado por la comunidad y la presidenta municipal continúa sin ejercer el cargo para el que fue elegida; mientras que las autoridades encargadas de la estabilidad en el estado reducen la situación a un conflicto local.
Por otra parte, en la comunidad de San Martín Peras, Gabriela Maldonado Rivera, Mariana Díaz Ortiz, Rosa Aguilar Ramírez y Otilia Flores López, mujeres originarias de la región mixteca viven de manera permanente con temor debido a las agresiones en su contra y a las amenazas de muerte que recibieron luego de exigir la integración de las mujeres en el cabildo municipal.
Las defensoras comunitarias son víctimas de violencia política por su labor de promoción y ejercicio del derecho a la participación política. Luego de su exigencia Gabriela Maldonado Rivera el 15 de enero de 2017 fue golpeada a latigazos por su abuelo, quien incentivado por las autoridades de la comunidad, decidió darle un castigo ejemplar por exigir la participación de las mujeres en la asamblea y el cabildo comunitario.
SJ/GR


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