Ejecutivo

Se recrudece la violencia política en Oaxaca

Afirma titular de la CADH que se han realizado diversas acciones pero prevalece la cerrazón


* No se informa a las mujeres de los posibles escenarios violentos que pueden suscitarse en las comunidades.

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico. Oaxaca. 27 febrero 2017.- La Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH), Norma Reyes Terán, sostuvo que hay un recrudecimiento de la violencia política en Oaxaca, en especial en municipios que se rigen por sistemas normativos internos, como sucedió en San Martín Peras y el caso de San Juan Cotzocón, entre otros.
Señaló que el gobierno estatal ha realizado diversas gestiones, como en el caso de San Martín Peras, donde este domingo se suspendió una asamblea y se garantizaron las medidas cautelares para proteger la integridad física de Gabriela Maldonado Rivera, Rosa Aguilar Ramírez y Marina Díaz Ortiz a quienes se les señala como responsables de la anulación de las elecciones en ese municipio.
Reyes Terán dijo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), previo a las elecciones en 2016, se dedicó a convencer a las autoridades que se rigen por el Sistema Normativo Interno, para que incorporaran a una o dos mujeres en los cabildos a fin de que las actas de la asamblea de elección de las nuevas autoridades fueran validadas.
“Sin embargo, el resultado lo estamos viviendo, hay un recrudecimiento de la violencia política en el ámbito político contra las mujeres” y señaló que hay responsabilidad de algunas organizaciones como el Colectivo de Mujeres, que encabeza Anabel López, “al no informar a las mujeres de los posibles escenarios violentos que pueden suscitarse en las comunidades que se rigen por el sistema normativo interno frente a las acciones que han emprendido para “defender” los derechos políticos de las mujeres”.
Por otro lado, apuntó que ese organización también ha desvirtuado el accionar de las instituciones y del gobierno estatal, pese a que la misma ex funcionaria, como titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, “fue la principal promotora ante la Cámara de Diputados para que las mujeres indígenas de 417 municipios fueran excluidas de su derecho constitucional a la paridad política, incluso, hizo declaraciones minimizando la situación al señalar que la mayoría de las mujeres oaxaqueñas radicaban en los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos”.
La coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo señaló que contrario a lo que se ha dicho a través del Colectivo de Mujeres, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares a favor de Gabriela Maldonado Rivera, Rosa Aguilar Ramírez y Marina Díaz Ortiz desde 2016, en virtud de que estaban siendo hostigadas por la autoridad municipal por exigir su derecho en la participación política.
De igual forma la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) convocó una reunión interinstitucional, con la finalidad de evaluar las acciones que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y la Fiscalía General del Estado estaban realizando sobre la materia.
También se realizó el 13 de febrero pasado, en la Ciudad de Huajuapan de León, una reunión de seguimiento a las medidas cautelares emitidas, con la presencia de la cautelada Gabriela Maldonado Rivera.
Derivado de ello, la Secretaría de la Mujer se comprometió a otorgar apoyo económico para que cada una de las beneficiarias se pudiera trasladar a las siguientes reuniones. También se establecieron mecanismos para que reciba atención médica y, en su momento, emita la valoración respectiva en cuanto a las secuelas que pudiera presentar la Gabriela Maldonado Rivera, quien fue sometida a golpes con una especie de látigo en las instalaciones de la presidencia municipal, como “medida correctiva”.
El problema fundamental, añadió la entrevistada, radica en la cerrazón de las propias autoridades, y se ha valorado también, a solicitud de la víctima de violencia política, que la presencia de policías agravaría el problema; en tanto que personal de la Secretaría de Seguridad Pública informó que la primera vez que entraron al municipio de San Martín Peras fueron advertidos por las autoridades municipales que para entrar al lugar debían tener el permiso de ellos y que se retiraran, no permitiéndoles acudir a los domicilios de las beneficiarias de las medidas cautelares.
El hostigamiento contra las mujeres se ha recrudecido a raíz de que la Sala Xalapa del TEPJF anuló las elecciones en San Martín Peras porque no acreditaron la participación sustantiva de las mujeres.
De ahí que el pasado domingo se alertara de la realización de una asamblea y del levantamiento de firmas entre la población para castigarlas y que si no acudían a la asamblea las iban a sacar de su domicilio para expulsarlas de la comunidad o colgarlas, tal como lo informó SemMéxico este sábado.
En ese sentido, Reyes Terán afirmó que tanto la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) giró los oficios correspondientes además de contactar al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña y al Comisionado de la Policía Estatal para que generaran las acciones pertinentes y garantizar la seguridad de las cauteladas citadas. Finalmente, se suspendió la asamblea y la policía estatal hizo acto de presencia.
Por último, dijo que el próximo 17 de marzo en Huajuapan de León se realizará una reunión de seguimiento y evaluación de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado.

Despachan debajo de un árbol
Por otra parte, Reyes Terán lamentó la actitud de las autoridades municipales de San Juan Cotzocón, que encabeza Juan Carlos Aquino Santibáñez, quien prácticamente sacó a la calle a las regidoras de Seguridad Pública, Belén de la Cañada; de Salud y Educación, Beatriz Vicente, y de Cultura y Recreación, Flora Vásquez, quienes además son excluidas de las decisiones que toma el cabildo, además de ser amenazadas con quitarles su sueldo y los sellos de sus respectivas regidurías.

Pero la peor ofensa es que tienen que despachar debajo de un árbol en la explanada principal de la agencia de María Lombardo, lo cual resulta inaudito que suceda en Oaxaca, apuntó la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.
Tensa situación en Santiago Xanica
De última hora se informó que en Santiago Xanica, el presidente municipal César Luis Díaz con un grupo de personas voltearon la camioneta de la regidora Carol Ramírez Pérez.
Información difundida por medios locales señala que pobladores retienen a la regidora y a su esposo, policía estatal se moviliza para liberar a las autoridades.


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