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Inició el 55º Periodo Extraordinario de la CIDH

Inició el 55º Periodo Extraordinario de la CIDH


* Celebrarán cuatro audiencias públicas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 23 agosto 2016.- La pobreza, el desempleo, las carencias en materia educativa, la discriminación, la inseguridad o la impunidad, , colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a personas mayores, a personas con alguna discapacidad, a personas migrantes o en búsqueda de refugio y asilo, a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y a los propios pueblos y comunidades.

Dijo el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al inaugurar el 55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación han dictado diversas sentencias y establecido jurisprudencia con el referente de disposiciones contenidas en instrumentos jurídicos regionales e incorporado criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo.

La Corte Interamericana ha citado en más de una decena de casos tesis y jurisprudencia de esta Suprema Corte en materia de prescripción de las desapariciones forzadas de personas; irretroactividad de las normas procesales, reconocimiento de la existencia de parámetros de regularidad constitucional, derecho a la protección de la salud, control de convencionalidad, derecho a la consulta previa, orientación sexual y familias homoparentales y restricción del fuero militar.

Ambas Cortes, aseguró Luis María Aguilar Morales, han contribuido a reforzar la tutela jurisdiccional efectiva a favor de los derechos humanos que, en el caso de México, adquirieron mayor relevancia a partir del nuevo texto del artículo 1 constitucional, como un eje fundamental para el trabajo de todas las autoridades del país.

En este periodo de sesiones en México se celebrarán cuatro audiencias públicas respecto de tres casos sometidos a la jurisdicción de la CIDH y un informe sobre medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para proteger la vida e integridad personal de los familiares de las víctimas en el caso Masacre La Rochela vs. Colombia de 2007.



Caso Gutiérrez Hernández vs. Guatemala



Desde el 7 de abril de 2000, la señora Mayra Angelina Gutiérrez Hernández se encuentra desaparecida. El caso se relaciona con la presunta falta de una investigación seria, diligente y oportuna por parte del Estado sobre lo ocurrido a la señora Gutiérrez Hernández.

No se cuenta con elementos suficientes para establecer que lo sucedido a la presunta víctima fue una desaparición forzada. No obstante, se alega que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de su desaparición, éste sería responsable por el incumplimiento de su deber de proteger la vida e integridad personal de la presunta víctima.

Precisamente, se argumenta que Guatemala no habría realizado ninguna labor de búsqueda dentro de las 48 horas siguientes a la denuncia y que las medidas adoptadas en las semanas posteriores fueron mínimas. Asimismo, existiría responsabilidad estatal por la forma en que se condujo la investigación, por el incumplimiento de la garantía de plazo razonable y por la falta de debida diligencia desde el inicio, así como a lo largo de toda la investigación.



Masacre de La Rochela vs. Colombia



El objeto de la audiencia es recibir información actualizada sobre las medidas que ha tomado el Estado para proteger la vida e integridad personal de la compañera y esposas de tres de las víctimas fallecidas en el caso de la “Masacre La Rochela Vs. Colombia”. Estas medidas provisionales fueron ordenadas a Colombia por la Corte Interamericana mediante una resolución el 19 de noviembre de 2009, que se puede encontrar aquí.

Las medidas se adoptaron, entre otras cosas, debido a que las beneficiarias fueron sujeto de varios actos de hostigamiento y amenazas por la visibilidad que habrían adquirido, al ser familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela y al haber destacado públicamente la vinculación de ex funcionarios del Estado al proceso penal seguido por la investigación de la masacre.

Desde que se adoptaron las medidas en 2009, según lo ordenado por la Corte Interamericana, el Estado ha presentado periódicamente información y los representantes de las beneficiarias y la Comisión Interamericana sus observaciones al respecto.

Las beneficiarias de las medidas provisionales son: Paola Martínez Ortiz, Luz Nelly Carvajal Londoño y Esperanza Uribe Mantilla.

El caso de la Masacre de La Rochela fue conocido por la Corte y ésta dictó Sentencia el 11 de mayo de 2007.



Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador

Se alega que durante el conflicto del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú se presentaron varias detenciones de ciudadanos peruanos en Ecuador por parte de cuerpos de seguridad ecuatorianos. En ese contexto se desarrollan los hechos del caso que trata sobre la presunta desaparición forzada del señor Jorge Vásquez Durand, comerciante de nacionalidad peruana.

Tras emprender un viaje hacia Ecuador desde Perú, el 30 de enero de 1995, el señor Vásquez Durand se comunicó por última vez con su esposa, María Esther Gomero de Vásquez, expresándole su preocupación por pasar su mercadería por la aduana de la localidad de Huaquillas.

Se argumenta que existen testimonios, según los cuales ese mismo día habría sido detenido en dicha localidad por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriano, así como que habría sido visto a mediados de junio de 1995 en el Cuartel Militar Teniente Ortiz en malas condiciones. Las autoridades policiales y militares ecuatorianas han negado que el señor Vásquez Durand hubiera estado bajo custodia estatal.



Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador



El agente de policía Luis Jorge Valencia Hinojosa habría muerto violentamente en el marco de un operativo policial, en el cual era perseguido. Según se alega, la investigación penal habría incumplido con las obligaciones estatales en materia de esclarecimiento y justicia.

El caso fue conocido por la justicia penal policial, lo cual habría constituido una violación al derecho a un Juez independiente e imparcial. Igualmente, se alega que la investigación no habría sido llevada a cabo con la debida diligencia, ni en un plazo razonable. El Estado no habría desplegado los esfuerzos necesarios para esclarecer si se trató de un suicidio, como alegaron los funcionarios involucrados, o si se trató de una ejecución extrajudicial, como apuntaban otra serie de indicios.

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