Reportajes

Los deportan de Estados Unidos y aquí les cierran las puertas

Presenta Ejecutivo iniciativa preferente para eliminar obstáculos para obtener la revalidación de estudios.


* Entre 400 mil y 600 mil niños extranjeros estudian en escuelas mexicanas.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 6 de febrero de 2017.- El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) ha documentado los casos de niños, niñas y jóvenes a quienes en las escuelas mexicanas no se les permite seguir estudiando por no contar con un documento de identidad.
Uno de ellos es el caso de Paty, quien vive en Coyolillo, Veracruz, quien junto a su marido emigró a Estados Unidos al estado de Illinois en 1996. Su hija Naomi, nació allá en el 2004 y la tortura comenzó al regresar, cuando quiso inscribirla en una escuela pública de la localidad.
“Mi tortura comenzó cuando regresamos a México porque no me la aceptaron en la escuela por no tener CURP, ni acta de nacimiento”.
Paty relata que nunca recibieron apoyo del gobierno para obtener los documentos, la opción que ofrecían los funcionarios del Gobierno de Veracruz, era renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos, para poder darle los papeles de identidad a su hija.
Paty logró obtener, a través de una carta poder, los documentos de su hija, para inscribirla, varios meses después. “Lo que quisiéramos es que nos asesoren, no que nos metan miedo”, expresó.
The Pew Research Center asegura que en Estados Unidos hay 7.2 millones de niños y niñas que califican para tener la doble nacionalidad.
El proceso para apostillar los documentos de identidad en Estados Unidos cambia de un estado a otro, y tiene costos que oscilan entre los 5 y los 20 dólares por documento, de acuerdo con el IMUMI.
El Instituto refiere que la embajada y los consulados de Estados Unidos en México, no realizan el trámite, por lo que las personas deben enviar el documento original a la oficina que lo emitió; pagar el costo del trámite y el envío.
Una vez que está apostillado, se requiere ir a la oficina del registro civil en México, previa traducción del documento por un perito legal, a fin de obtener la inscripción de nacionalidad mexicana para los hijos de padre o madre extranjero.
La falta de información, genera que muchas personas busquen inscribir a sus hijos como mexicanos y renunciar a la nacionalidad estadounidense.
En el 2015, la Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó las normas de control escolar, para eliminar estos requisitos a la hora de inscribir a las niñas, niños y jóvenes a la escuela.
Sin embargo, Berenice Valdez, coordinadora de políticas públicas de IMUMI, aseguró que pese a las modificaciones del Acuerdo Secretarial 286 y las normas de control escolar en el 2015, en muchas escuelas de educación básica siguen pidiendo como requisito de ingreso los documentos de identidad apostillados o los documentos académicos.
“Sucede todavía en muchas escuelas de la Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala, en todos los estados, tenemos casos en donde los chavos de secundaria dicen que no los dejan estudiar, lo mismo en preescolar, y esto sigue sucediendo por lo que necesitamos mover esas inercias burocráticas y la ley nos dará un marco con mayor sustento”, expresó.
Valdez se refiere a la iniciativa preferente que mandó el Ejecutivo federal al Senado para modificar la Ley General de Educación el pasado 1 de febrero, iniciativa que tiene que ser discutida, modificada, aprobada o rechazada a más tardar en 60 días.
“Derivado del contexto internacional actual, es una prioridad del Gobierno Federal otorgar facilidades a las personas migrantes que regresan al país para incorporarlas al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.
“Con el propósito de facilitar la movilidad académica se requiere facultar a la Secretaría de Educación Pública a determinar, mediante normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional, pueden adquirir validez oficial”, señala la iniciativa del Ejecutivo.
Para Valdez es necesario trabajar primero en la modificación de la ley, y después en el Acuerdo Secretarial 286.
En el tema de identidad, dijo, es una de las grandes barreras que hay para la población que viene de Estados Unidos, pero también de Centroamérica a México y es que aquí supeditan todo a la CURP o a un documento de identidad.
“Te solicitan un documento de identidad cuando en México no existe un documento de identidad, no existe en ninguna ley, y cada autoridad determina de manera discrecional cuál solicita, cuando no existe. Está en la Ley General de Población la cédula única de identidad que nunca existió, y entonces la CURP que es un registro de población se convierte en una barrera para que acceda a la educación la población migrante, mexicana, retornada o deportada o inmigrante”.
“La iniciativa preferente marca una muy buena pauta porque indica que el acceso a la educación no debe estar supeditada a un documento de identidad; ahora trabajarlo en el cuerpo de la ley es básico, para que no quede como principio enunciativo y no se traslade a las prácticas burocráticas”, expresó.
Una de las cosas que debe cambiar, dijo Berenice Valdez, después de aprobarse la ley, es de carácter técnico, porque cuando buscan inscribirse, en la mayoría de los casos el trámite se realiza por computadora, y ahí te solicitan tener la CURP, y si un niño o niña no lo tiene, pues no se puede inscribir.
El otro tema son las revalidaciones de estudio para educación superior.
Actualmente hay cerca de 700 mil jóvenes que estudian educación media superior y superior en Estados Unidos, pero son indocumentados, pues son hijos de migrantes nacidos allá o llegados al país de niños.
Son los llamados “Dreamers”, quienes ante las políticas migratorias que ha puesto en marcha el Gobierno de Donald Trump, podrían verse obligados a retornar a México.
La iniciativa preferente del Ejecutivo incluye facilitar el ingreso a la educación superior de quienes regresen al país, aprovechar la experiencia y conocimientos de los cuerpos académicos de las instituciones particulares de educación superior, autorizándolas para que otorguen revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.
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