Mujeres

Equis Justicia documenta casos de tortura

Equis Justicia documenta casos de tortura


* Mujeres presas señalan que fueron objeto de confesiones bajo tortura

Redacción

SemMexico, CD. de México, 3 noviembre 2016.- Estela, de 59 años estaba cenando en su casa cuando de pronto llegó la policía. “Nos pedían la droga, pero no encontraron nada, nos pegaron a mí y a mi pareja”. Fue obligada a firmar su declaración y fue víctima de tortura por parte del Ministerio Público. Ya ha cumplido más de un año en prisión preventiva.

A Fátima, de 25 años, le exigían pagar 15 mil pesos para dejarla en libertad. Sin dinero, lleva más de tres años en prisión. No quiso declararse culpable y fue torturada física y psicológicamente. No le permitieron entrevistarte con su abogado, le asignaron uno de oficio que no presentó pruebas a su favor. Fue golpeada y pateada en la cabeza. Solo fue revisada una vez por el médico legista.

Lucilda es indígena de 25 años que no sabe leer ni escribir, fue detenida en un retén. El Ministerio Público les dijo que las personas indígenas de su comunidad “tienen fama de trabajar en droga”. La obligaron a firmar su declaración, la amenazaron.

Jessica, de 61 años fue detenida en un restaurante mientras cocinaba. De pronto entraron los policías “y a dos de los que agarraron les encontraron pastillas… entonces dijeron que tenían que decir que yo les había vendido la pastilla porque si no les ponían más”. Ella fue sentenciada a 10 años de prisión.

Estos y otros tantos casos han sido documentados en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, publicado por la organización Equis Justicia para las Mujeres en seguimiento a las recomendaciones del Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas en su Informe en diciembre de 2015.

La recomendación 15 señala que el Estado debe asegurar que la Ley General sobre Tortura excluya “pruebas” y “confesiones” obtenidas mediante tortura del proceso penal de la persona torturada y de otras personas implicadas en dichas confesiones. Establecer claramente en la ley que la parte acusadora tiene la carga de la prueba para demostrar la licitud de cualquier prueba impugnada.
La recomendación 18 de la CIDH señala que el Estado mexicano deberá establecer el uso obligatorio de cámaras y otros protocolos de seguridad durante los interrogatorios y en las patrullas, como medida preventiva de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al respecto, la organización Equis Justicia para las Mujeres indica que el Estado no ha cumplido con ambas recomendaciones. En este Informe se da cuenta de que con regularidad autoridades obtienen pruebas y confesiones mediante tortura en procesos de mujeres vinculadas con delitos contra la salud.
Según la propia CIDH, la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal.
“El Estado mexicano aún no ha creado protocolos de seguridad durante los
interrogatorios y, en especial, al momento de la detención cuando se trata de mujeres.
Pues, resultado de nuestra investigación, encontramos actos de tortura, y tratos crueles,
inhumanos y degradantes. Lo que coincide con el hecho de que, cuando las mujeres son
detenidas por delitos contra la salud, se les trata con mayor violencia. El Estado mexicano
no aplica el Protocolo de Estambul, aun cuando se ha documentado que la tortura
prosigue durante el procedimiento y la investigación” señala la organización.

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