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Alcaldesa de Reynosa pondría denuncia por violencia política

Alcaldesa de Reynosa pondría denuncia por violencia política


* Acusa a integrantes de su partido de obstaculizarla en sus funciones

Redacción

SemMéxico, Tampico, Tams., 28 noviembre 2016.- La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, será la primera alcaldesa en denunciar actos de violencia política en su contra en esta entidad, los cuales han sido cometidos por integrantes de su partido.
Todo ello sucede, en tanto en el ámbito federal, se plantea tipificar la violencia política contra las mujeres, para lo cual se prevé adicionar el Código Penal y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, como señaló la senadora Sandra García.
La violencia política obedece a un motivo específico y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos, ya sea para que se abstengan de ir contra el sistema, exterminarlos o atentar contra la política imperante.
Con tales fundamentos Ortiz Domínguez, una vez que este domingo no fue electa como Consejera del PAN, anunció que presentara ante el Comité Ejecutivo Nacional la denuncia de violencia política ejercida en su contra desde el inicio de su gestión como alcaldesa de Reynosa:
“He vivido desde el principio de mi gobierno una violencia política de mi partido que es obvio y no se puede esconder, de parte de diferentes funcionarios o gente que tiene algún puesto en nuestro gobierno”.
Sobre la denuncia que va a presentar a nivel nacional es contra los procedimientos incorrectos con que se llevó a cabo la elección.
“Creo que ha habido desde que yo entré una violencia política muy fuerte contra mí, de parte de mi propio partido”, dijo la alcaldesa de Reynosa.
Por ello, considera que ya es necesario dar cuenta formal de lo que está sucediendo en su contra, fomentado por intereses personales de Diputados y otros miembros del PAN.
En este tenor vale mencionar que síndicos, regidores y diputados de su partido le han formulado diversos señalamientos, incluso amenazándola con someterla a juicio político, según amenaza pública del Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Carlos Alberto García González, quien la ha acusado de pasar por alto el reglamento municipal en el nombramiento de sus colaboradores.

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