Mujeres

Justicia abierta: el poder judicial debe ser transparente

Sentencias deben ser comprensibles para acercar el derecho a la sociedad: Ma. Guadalupe Silva


* Se constatan resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos, prejuicios y sesgos

Gabriela Ramírez

SemMéxico, Cd. de México, 5 diciembre 2017.- Una sentencia no es solo para las partes involucradas, es importante para toda la sociedad, por lo tanto se debe utilizar en ellas un lenguaje claro, tener una extensión razonable, una argumentación correcta y buena estructura para acercar el derecho a la sociedad.

Así lo dijo esta mañana la María Guadalupe Silva Rojas, magistrada la Sala Regional de la Ciudad de México Del TEPJF en el evento ¿Se puede hablar de Justicia sin transparencia? Un acercamiento a lo que se mantiene oculto en el sistema judicial organizado por EQUIS Justicia para las Mujeres.

En este evento se discutió la urgencia de adoptar un modelo de justicia abierta, es decir de aumentar la transparencia del poder judicial para que la ciudadanía tenga acceso a las sentencias, al uso de recursos, pero también a la designación de personas juzgadoras.

“Hemos documentado una serie de sentencias basadas en estereotipos y con argumentos discriminatorios y algunos casos han salido a la luz como “los Porkys” y que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres, pero no sabemos cuántos casos más existen. Para poder evaluar y fiscalizar la impartición de justicia es necesario que la ciudadanía pueda tener acceso a estas sentencias, explicó Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Esta discusión se dio en el marco de la presentación del informe “Transparencia en la Publicación de Sentencias ¿Retroceso a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?” realizado por EQUIS Justicia para las Mujeres.

En este informe, se explica que luego de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en 2015, se ha dado pie a la opacidad del Poder Judicial y ha significado un retroceso, ya que hoy en día solo cuatro estados (Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala) contemplan en las legislaciones locales de transparencia la obligación de los Poderes Judiciales de publicar todas sus sentencias.

La publicación de la LGTAIP provocó retrocesos legislativos en diez estados de nuestro país, ya que redujo las obligaciones de transparencia de los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas, pues pasaron de la obligación de publicar todas las sentencias a publicar únicamente aquellas que son de “interés público”.

En seis entidades no hubo ni avance ni retrocesos en la obligación de publicar sentencias: Baja California, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En ocho entidades no existía la obligación y derivado de la homologación con la Ley General, se establece la obligatoriedad de publicar sentencias que sean de interés público: Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.

En cuatro estados (Colima, Guerrero, Michoacán y Morelos), la legislación contiene dos criterios diferentes para la misma obligación: publicar todas las sentencias que hayan causado estado y las que sean de interés público, lo que puede crear incertidumbre.

Fátima Gamboa Estrella, abogada de la organización, explica que “la inclusión del concepto ambiguo de “interés público” en la Ley General ha provocado que entre los poderes judiciales haya distintas interpretaciones sobre cuáles sentencias se deben publicar, pero para EQUIS, la interpretación judicial que debe prevalecer es aquella que considera de interés público todas las sentencias que hayan causado estado”.

Gamboa Estrella señala que diariamente, las personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil constatan, en sus experiencias de litigio, la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos, prejuicios y sesgos de las y los jueces.

“Detectamos una que decía que por tener un “retraso mental moderado” una mujer no era capaz de saber si había sido víctima de una violación, pues no puede decidir sobre su cuerpo y sexualidad.

Para terminar con ésta práctica, dijo, para poder evaluar la actividad judicial y saber cómo se imparte justicia, es necesario conocer el contenido de las sentencias y que ninguna información permanezca oculta.

La organización feminista en este informe exhorta al Poder Legislativo a llevar a a cabo las reformas pertinentes para que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se establezca claramente la obligación de los Poderes Judiciales de publicar en sus portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de todas las sentencias que hayan causado estado.

Al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) que tiene que pronunciarse indicando que todas las sentencias judiciales son de interés público; además, debe asegurar que las sentencias judiciales se publiquen bajo condiciones homogéneas en todos los estados.

SEM/gr/lr


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