Internacional

Criminalizan el aborto en República Dominicana

Se quiere instaurar la industria del aborto


* Mercedes Alonso Romero, corresponsal SemMexico/SEMlac, Santo Domingo, 16 diciembre 2016.- Tras aprobar con urgencia y en dos sesiones consecutivas las modificaciones al Código Penal, que entre otros aspectos mantiene la penalización del aborto en to

Redacción



Mercedes Alonso Romero, corresponsal
SemMexico/SEMlac, Santo Domingo, 16 diciembre 2016.- Tras aprobar con urgencia y en dos sesiones consecutivas las modificaciones al Código Penal, que entre otros aspectos mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias, el Senado de la República dispuso penas de hasta tres años a las personas que incurran en las interrupciones del embarazo, para quienes lo causen, incluyendo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional.
Este viernes, la prensa nacional reflejó la inconformidad y protestas de organizaciones dominicanas defensoras de los derechos de las mujeres, al ser aprobada la pieza, que pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, ya que fue ratificada tal y como la remitió la Cámara de Diputados, quien en junio pasado sometió de urgencia y en dos lecturas las modificaciones del nuevo Código Penal de la República Dominicana, eliminando el párrafo del Artículo 110, que demandaba la creación de una ley especial sobre el aborto.
SEMlac-SemMéxico reportó entonces lo que significaba ese párrafo, en el cual se formulaba que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.
En la noche del pasado miércoles los senadores determinaron sancionar con urgencia la pieza, convertida en ley, y dejaron sin cambios el castigo a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia y sin excepción.
El periódico digital Acento.com.do, resaltó este 15 de diciembre las expresiones de organizaciones feministas, especialistas médicos y otros sectores, quienes “habían recomendado que se permitiera a la mujer decidir sobre la interrupción de los embarazos en los casos en que se determine que el feto o embrión padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal; cuando el embarazo fuera resultado de una violación sexual o de un incesto, y cuando estuviera en peligro la vida de la madre”.
El presidente de la Comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, advirtió mientras daba lectura a un informe ejecutivo al pleno sobre el Código Penal, que en el país se quiere instaurar “la industria del aborto, lo que hay que impedir”, dijo, tal y como dio a conocer Almomento.net.
La activista defensora de los derechos de las mujeres, Sergia Galván, lamentó en su cuenta de Twitter que "solo a las mujeres se nos impide actuar en defensa propia frente a un hecho que pone en peligro nuestra vida", y calificó el hecho como una "discriminación. No nos detendrán…volveremos a protestar en las calles para reclamar que el presidente del país, Danilo Medina, vete la pieza”, declaró.
El Senado dominicano está controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y desde 2014, el Congreso Nacional (bicameral) había aprobado el nuevo Código Penal, donde se incluyeron como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos aspectos: malformación fetal, salud y violación, después de las observaciones del presidente Danilo Medina para que fueran contempladas en dichas circunstancias.
No obstante, el código fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras acoger tres recursos presentados por organizaciones opuestas al aborto, representadas por la Iglesia Católica y evangélicos.
Tristeza y vergüenza
El senador por el PLD Julio César Valentín fue el único de los 20 congresistas presentes en la sesión, que votó en contra de la iniciativa y escribió en su cuenta de Twitter: “Respeto y respaldo la vida, sin embargo, jamás voto por un código que castigue a una mujer víctima de violación, incesto o que peligre su vida".
El legislador objetó, además, que esta aprobación "no es ni progresista ni consecuente con una perspectiva del siglo XXI".
Otra opinión publicada este viernes en DominicanosHoy fue la del diputado peledeísta José Laluz, quien señaló que la aprobación del nuevo Código Penal "jurásico" es una expresión "del conservadurismo que se ha apoderado de nuestro Partido".
También la directora de Profamilia, Magaly Caram expuso su "profunda tristeza" y "vergüenza" por la decisión adoptada por los senadores, y apeló a la "sensibilidad" del presidente Medina para que vete la ley.
La pieza fue declarada de urgencia y liberada de los trámites de lectura, según solicitud del presidente de la Comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, quien estuvo a favor de la penalización, en contra de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer.
La nación dominicana continúa entre los países de la región con mayor índice de muertes maternas, con 106 defunciones por cada 100,000 nacimientos, según informe de los incumplimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con pocas expectativas de cumplirse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales.
Castigo al feminicidio
Los legisladores votaron, además, por castigar el feminicidio con 30 a 40 años de cárcel, y establece la acumulación de la pena hasta 60 años; así como prevé sanción similar a quienes usen contra personas el químico conocido como “ácido del diablo”, con el que han sido agredidas mujeres en el país y deformados sus rostros.
El artículo 100 precisa que las sanciones por violencia doméstica o intrafamiliar se aumentarán cuando la infracción cause daños corporales o sicológicos de consideración, e indica que se castigará con 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos cuando es por causa de muerte.
Además, se castiga con penas de 20 a 30 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos, cuando causen lesión o incapacidad permanentes, y de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios, cuando produzca alguna lesión o incapacidad por más de 90 días.


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