Congreso

Senadoras proponen reformas para garantizar derechos de trabajadoras del hogar

Violencia contra mujeres y desigualdad laboral, desafíos de las mujeres del Siglo XXI


* México no ha ratificado Convenio 189 sobre personas trabajadoras del hogar de la OIT

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 8 noviembre 2017. La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa que elaboró junto con las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer a trabajadoras del hogar sus derechos laborales.

La legisladora del PRD expuso la iniciativa que las senadoras trabajaron durante tres años con organizaciones de la sociedad civil, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, entre otros, para adicionar y reformar diversas disposiciones de la LFT para establecer las prestaciones establecidas en la ley como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social y aguinaldo de las trabajadoras del hogar.

De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años de edad para este trabajo y tratándose de adolescentes mayores de esta edad, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando menos la secundaria.

Se propone adicionar el artículo 331 de la LFT para definir como trabajadora del hogar toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Además, en ese mismo artículo se establecen tres modalidades en la ley, las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio; las que trabajan para un patrón y no residen en el domicilio, y las que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellos.

La iniciativa expone que según datos de la ENOE de 2016 el 96 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuentan con ningún tipo de contrato, la mayor parte no recibe nada más que el salario por su trabajo y el 75 por ciento gana menos de dos salarios mínimos; menos del 25 por ciento recibe aguinaldo, y menos del 10 por ciento vacaciones con goce de sueldo.

Además que el 97 por ciento no tiene acceso a atención médica por su actividad laboral y el 30 por ciento ha reportado no contar con tiempo de descanso durante su jornada laboral, según datos del CONAPRED de 2015.

En el texto las legisladoras destacan que actualmente la Ley Federal del Trabajo mantiene a las trabajadoras de hogar en un régimen especial y discriminatorio, al no contar con ninguna disposición sobre seguridad, higiene, riesgos o accidentes de trabajo, así como no obligar a la regulación de la relación laboral a través de la firma de un contrato, normar el descanso, y porque tampoco establece vacaciones o aguinaldo.

Por ello, la iniciativa busca que el trabajo en el hogar se fije mediante un contrato de trabajo que incluya como mínimo la dirección del trabajo habitual, fecha de inicio, término y duración del trabajo, además el tipo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horario de trabajo, pago de vacaciones, descansos, entre otros derechos.

La iniciativa también prohíbe solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora del hogar, y tampoco podrá despedirse a una trabajadora embarazada y de ser el caso el despido se presumirá como injustificado; en este mismo artículo, 331 TER, se establece como prohibido todo tipo de discriminación contra las personas trabajadoras del hogar.

En el artículo 337 bis se establece que las personas trabajadoras migrantes se les dote de protección y seguridad para no ser discriminadas, así como las mismas condiciones de trabajo que las nacionales, garantizando condiciones de vida decorosa e higiénica, atención médica, contrato de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, se detalla que las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio no podrán exceder de ocho horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extra.

Al exponer la iniciativa, la senadora Angélica de la Peña recordó que el Estado mexicano aún no ratifica el Convenio 189 sobre personas trabajadoras del hogar, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que conminó al Poder Ejecutivo a enviar dicho convenio al Senado para llevar a cabo la ratificación.

Además, hoy durante el Seminario Mujeres del Siglo “Mujeres en el Siglo XXI: perspectivas y desafíos”, Marcelina Bautista Bautista, representante del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, saludó dicha iniciativa y pidió al Senado su aprobación en pro de los derechos laborales de más de 2 millones 400 mil trabajadoras del hogar.

La líder también precisó que con la iniciativa se busca modificar la ley para nombrarlas como trabajadoras del hogar y ya no como trabajadoras domésticas u otras denominaciones que las discriminen.

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José Adán Ignacio Rubí Salazar, destacó que actualmente sólo “poco más de nueve mil personas” trabajadoras del hogar están afiliadas en el seguro social, lo que representa el 0.4 por ciento del total de trabajadoras del hogar en México.

A su vez, la Alexandra Haas Paciuc, presidenta del CONAPRED, recordó que México necesita un sistema nacional de cuidados para que el Estado, las instituciones, las empresas y las todas las persona, compartan las tareas de cuidados que recae sobre las mujeres y que representa la doble jornada de trabajo para la mitad de la población del país.

En este seminario, que fue organizado por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género; la CONAVIM; la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la legisladora del PRI afirmó que la desigualdad y la violencia de género son dos de los principales desafíos de las mujeres del siglo XXI.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN, reconoció la falta de avances para consolidar la igualdad de las mujeres y dijo que se requieren determinar las responsabilidades del Estado y actuar con estrategias eficientes para eliminar la violencia estructural.

El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó que las mujeres se insertan en el mercado laboral en desventaja, en empleos precarios y de menor remuneración, por lo que “resulta lamentable que 17 años de este tercer milenio, las mujeres sigan siendo relegadas a un plano secundario en el mundo laboral y sufran discriminación tan sólo por ser mujeres”.

Advirtió que de acuerdo al Informe Global de la Brecha de Desigualdad de Género 2017, del Foro Económico Mundial, México se ubicó en el lugar 81 de la evaluación global, en el 124 de 144 países, en lo relativo a la participación de oportunidades económicas, en el 53 en el rubro logros educativos, en el 58 en materia de salud y en el 34, en empoderamiento político.

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate, al condenar cualquier tipo la violencia o agresión que se ejerza contra la mujer señaló que el Estado debe trabajar de forma conjunta para erradicar la violencia y desigualdad de género.

SEM/am/lr


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