Internacional

Crefal abre su primera maestría presencial

El programa contempla trece meses intensivos para completar el grado


* Para mejorar los sistemas educativos, los y las servidores públicas se deben profesionalizar

Redacción

SemMéxico, 6 noviembre 2017.- El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) presenta su primer programa de maestría en modalidad presencial, de tiempo completo: La Maestría en Aprendizaje y Políticas Educativas (MAPE).

La MAPE propone un calendario de 13 meses intensivos, lo que permite obtener el grado en un período razonable de tiempo, comparado con maestrías con duración de 24 meses. A diferencia de otros programas, la MAPE abre un espacio para aprender teorías del aprendizaje, lo cual se desarrolla por contenido curricular y de manera transversal en todo el programa.

Todos los estudiantes que sean admitidos por el CREFAL a este programa tendrán derecho a una beca que cubre alojamiento y alimentación en nuestras instalaciones durante la realización del programa. Asimismo, se ofrece un programa de beca que cubre hasta el 100% de la colegiatura.

La planta docente contempla a una red de egresados de las mejores instituciones de educación superior. Los docentes han sido funcionarios en las Secretarías de Educación Pública locales y federal, asesores de organismos internacionales, evaluadores de política públicas, e investigadores que publican en revistas académicas de renombre.

El programa de maestría no solo contempla actividades académicas, sino también tres periodos de intervención en comunidades, a fin de que los estudiantes mantengan contacto estrecho con la vida escolar, lo cual les permitirá afinar y orientar sus propuestas de investigación. En América Latina hay 13 programas de posgrado en temas relacionados con la política educativa o gestión educativa. De estos, sólo dos se imparten en modalidad de tiempo completo, uno en Argentina y otro en México.

Este programa académico es de gran relevancia ya que son pocos los servidores públicos especializados en los sistemas educativos y en la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia científica que coadyuven a revertir las desigualdades en el aprendizaje de los alumnos y mejorar la práctica docente.

El interés creciente por mejorar los sistemas educativos también recae en la profesionalización de servidores públicos encargados de diseñar, planear, evaluar y poner en marcha políticas públicas y programas que se traduzcan en mejoras en el aula, el aprendizaje de los alumnos y la práctica docente.

Actualmente, en la región de América Latina, se realiza un esfuerzo significativo en materia de inversión en educación: como ejemplo, los países de la región invierten alrededor de 80 mil millones de dólares cada año en educación primaria.

A pesar de esta inversión de recursos, las evaluaciones internacionales, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las latinoamericanas como la prueba TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), arrojan magros resultados para la región.

Cuatro de cada diez estudiantes en Chile, 5 en México y 6 en República Dominicana, por poner algunos ejemplos, no alcanzan los niveles básicos de comprensión lectora, para seguir estudiando y desarrollarse en la economía del conocimiento.

En el caso de matemáticas, encontramos países como Uruguay o Trinidad y Tobago, donde 5 de cada 10 niños no cuentan con las competencias básicas, hasta 9 de cada 10 en República Dominicana; para México, son casi 6 de cada 10.

Aún más, los estudiantes de la región tienen un aprovechamiento académico menor al que se esperaría, de acuerdo con su nivel de desarrollo: Solamente 30 por ciento de los niños en tercer y cuarto grado en América Latina y el Caribe alcanzan el criterio mínimo de competencias matemáticas, en tanto que, en naciones con un nivel de desarrollo similar, lo logra el 66 por ciento.

A la par, hay un interés creciente por el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, en la evaluación de políticas educativas y el uso de información.

Alrededor de 30 por ciento de los servidores públicos en América Latina labora en una dependencia pública relacionada con educación.

Esto se traduce en alrededor de 3.5 por ciento del total de empleos en la región, o 21 millones de personas, de acuerdo con datos de ocupación y empleo de los gobiernos locales.

En México tan sólo en las Secretarías de Educación Pública, tanto federal como estatales, hay cerca de 4 mil servidores públicos en los mandos medios y superiores.

SEM/gr/lr


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