El fiscal electoral

Entresemana


* Urge reforma electoral que despoje de pertenencias partidistas a consejeros y magistrados electorales

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, Cd. de México, 31 octubre 2017.- La existencia de un Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales es de tal importancia como consecuencia natural de la Reforma Política que, 1977, abrió la puerta a la disidencia rumbo al Congreso de la Unión y dio la pauta al desarrollo de la democracia en México.

No, no es menor la figura del Fiscal Electoral porque precisamente es consecuencia de aquella Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el 28 de diciembre de 1977 que emprendió la ruta para desprender del Poder Ejecutivo el control de la voluntad popular depositada en las urnas.

En aquellos tiempos, recién nacido el sexenio de José López Portillo, quien no tuvo contrincante a la Presidencia de la República, la Comisión Federal Electoral tenía el control de los comicios y, con la reforma tuvo un avance, si se le puede considerar así en esos días de ausencia democrática, con la designación de un notario público que fungiría como secretario de la entonces CFE, con derecho a voto.

Pero, con el fin de evitar que los entonces nacientes partidos minoritarios, junto con los satélites, controlaran a la Comisión, ésta siguió integrada por representantes de todos los partidos políticos, pero con la salvedad de que sólo tuvieran voz y voto los representantes de los institutos que hubiesen obtenido los tres primeros lugares de la votación nacional.

Había candados como elemental pauta al avance de la naciente democracia. Incluso, los partidos políticos tenían la obligación de participar en todos los procesos electorales en el país, bajo la advertencia de perder el registro. En fin.

En ese camino, finalmente se ciudadanizó al árbitro electoral, de forma tal que con el nacimiento del Instituto Federal Electoral, en octubre de 1990, en ese mismo año el Tribunal de lo Contencioso Electoral, creado en 1987, cambió de nombre convirtiéndose en Tribunal Federal Electoral, hasta que en 1996 una reforma constitucional dio génesis al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos cambios, las reformas constitucionales y las leyes secundarias han impactado en esta democracia mexicana que no acaba de tomar rumbo y está sujeta a los vaivenes y prioridades de los partidos políticos.
Por eso la importancia de un Fiscal Electoral, por eso la relevancia de un Tribunal Electoral y, por supuesto, del árbitro electoral en el activar democrático que implican los procesos comiciales.

¿Cuándo habrá un acuerdo, sustentado en el consenso sin medianías ni condicionamientos, que abran finalmente el cauce a la democracia en México?

Se antoja difícil, sobre todo bajo este sistema de partidos políticos que demanda un cambio profundo. Como también se requiere con una reforma de cuarta generación en materia electoral, que despoje de apellidos y pertenencias partidistas a consejeros y magistrados electorales.

Además de que órganos como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales deje de depender de la Procuraduría General de la República, o de la Fiscalía General que está en ciernes, porque ello implica pertenencia al Poder Ejecutivo.

Una vía de autonomía como ocurre con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sería la adecuada para esta FEPADE que, en manos de los senadores, tiene características de moneda de cambio.

La autonomía del Fiscal Electoral sería garante de elecciones limpias, de la persecución penal de los delincuentes electorales. Si el hoy Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplen medianamente con un cometido, porque sus integrantes del Consejo General y de la Sala Superior no terminan por sacudirse filias políticas, el arribo a esa anhelada democracia no será más un sueño guajiro.

Claro, este es un asunto de voluntad política que debe privar entre los senadores que no acaban de ponerse de acuerdo en cómo desfacer el entuerto que crearon con la salida-despido-renuncia de Santiago Nieto de la FEPADE. ¿Habrá esa posibilidad de un acuerdo civilizado y sin pertenencias para designar al nuevo Fiscal Electoral? Por la salud del país y de la democracia, más les vale que así sea. Digo.

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