Mujeres

Inconstitucional reconocer prostitución


* Presentan posicionamiento sobre prostitución en la Constitución de la CDMX

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 6 diciembre 2016.- Su rechazo a reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita en la Constitución de la Ciudad de México, fue presentado hoy por feministas ante la prensa, mismo que será entregado este día en la Asamblea Legislativa, que realiza la votación del pre dictamen.
En conferencia de prensa, Olivia Tena, investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM leyó el “Posicionamiento sobre la prostitución en la Constitución de la CDMX”, en el que fundamentan su rechazo a la propuesta establecida en el artículo 15. F. numeral 3. b) del proyecto de Constitución que actualmente debate la Asamblea Constituyente.
“Reconocer la prostitución como trabajo sexual voluntario y autónomo, no garantiza mejores condiciones en la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, y mucho menos el ejercicio de derechos”, dijo la investigadora.
En el posicionamiento consideran que la regulación de la prostitución no es efectiva para eliminar la discriminación ni la violencia que ésta genera, porque “no elimina el trasfondo del privilegio y la discriminación de los hombres sobre las mujeres, pero sí reduce la línea que tanto ha costado construir en los derechos humanos, que distingue la explotación del trabajo”.
Al enfatizar estar “en contra de la criminalización de las personas que se encuentran en prostitución”, advirtieron también que la obligación de los Estados es erradicar la discriminación, no disminuirla o regularla, “pensamos que debe ser tratado con sumo cuidado para evitar generar condiciones que pongan en mayor riesgo a las mujeres que han sido vulneradas en el ejercicio de sus derechos”.
De igual forma, destacaron que dicha propuesta del Proyecto de Constitución es inconstitucional, porque “el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son facultades exclusivas del Congreso Federal, legislar en toda la República en materia de trabajo, por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello”.
Por tanto, las feministas llamaron a que la Constitución de la CDMX respete y contenga “todas las disposiciones que se encuentran en los instrumentos y tratados internacionales a favor de la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas, y responda a las obligaciones que ha contraído el Estado mexicano mediante la firma y ratificación de los mismos”.
El objetivo, afirmaron, debe ser promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Así como, los derechos de las mujeres y niñas, que son explotadas sexualmente en los contextos de la prostitución.
“La Constitución que regirá a la Ciudad de México deberá reflejar el tipo de ciudad que queremos, basada en el marco de derechos humanos, tal como se encuentra señalado en el Artículo 1 Constitucional. Deberá también asegurar los mecanismos necesarios para que todas las personas, sobre todo aquéllas que se encuentren en una particular situación de desigualdad, dominio, violencia, inseguridad y vulnerabilidad, gocen de manera plena de sus derechos humanos”.

Prostitución convierte a las mujeres en mercancías

De acuerdo con las feministas la prostitución implica convertir a las mujeres en objetos mercantilizables, legitimar el ejercicio de poder y dominación patriarcal que le otorga a los hombres “consumidores, el privilegio de demandar, comprar y acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción, convirtiéndolas en objetos de transacción mercantil”.
Indicaron que es inexistente un diagnóstico sobre la situación real de discriminación y violencia que viven las mujeres en contextos de prostitución. Por ello, exhortaron a las autoridades a realizar dicho estudio, así como “generar bases de datos que sistematicen información sobre la incidencia de delitos relacionados con la explotación sexual, como fundamento para el diseño de políticas públicas en este sentido”.
En materia de derechos laborales, apuntaron que en el actual contexto de precarización laboral “nos parece imposible comprender cómo se pudieran garantizar y proteger los derechos de las personas explotadas sexualmente en contextos de prostitución mediante su regulación en materia laboral.”
“El que miles de mujeres se encuentren dentro de un marco normativo, no ha impedido que sus derechos se vean vulnerados de manera sistemática, como es el caso de las trabajadoras de maquilas, jornaleras, mineras o quienes actualmente son contratadas por el régimen de outsourcing”, señala el documento.
Explicaron que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que el trabajo decente debe ser “realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y sin ningún tipo de discriminación teniendo como eje transversal la igualdad de género”.
“Al analizar el contexto y el orden social dentro del que se lleva a cabo la prostitución, podemos constatar que ésta incumple con cada una de dichas premisas, lo cual la invisibiliza para ser considerada trabajo”, afirman en el posicionamiento.


Así, reiteraron que “cualquier forma de mercantilización de los cuerpos que los despoje de su humanidad, no puede ser considerada un trabajo”.
Recordaron que el Estado mexicano adopto el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, para erradicar la explotación sexual en el país, “el cual obliga a las autoridades a sancionar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertara o explotara la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”.
Por último, citan en el texto que el anterior convenio también obliga a los Estados a “adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
El Posicionamiento sobre la prostitución en la Constitución de la CDMX fue suscrito por un total de 59 feministas, la mayoría de ellas radicadas en esta ciudad, entre académicas e investigadoras de la UNAM, UAM, FLACSO, periodistas, comunicadoras y de organizaciones no gubernamentales de más de 13 entidades del país.

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