Ejecutivo

Desarticular la trata requiere decisión política

Vital un cambio cultural para desnaturalizar la prostitución


* Urge modificar el reglamento de prostitución en la capital oaxaqueña

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 17 agosto 2017.- Desarticular las bandas de trata de personas requiere de una férrea decisión política dispuesta a combatir este crimen, que también demanda, en paralelo, trabajar en un cambio cultural que desnaturalice el uso del cuerpo de las mujeres como mercancías, afirmó la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del gobierno de la capital oaxaqueña, Bárbara García Chávez.

Así lo señaló al participar en el debate y disertación sobre Trata de Personas, que promovió aquí el Instituto Municipal de la Mujer, y en la que también participó la responsable de la unidad especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Syndi Elsa García Payo, y la titular del IMMujer de Oaxaca, Elia Pérez Martínez.

La regidora recordó que alrededor de la trata de personas con fines de explotación sexual, hay un tejido de empresas proveedoras de servicios como hoteles, transportes, venta de bebidas alcohólicas, estudios fotográficos, entre otros.

La regidora también urgió en la necesidad de modificar el reglamento para el control del Ejercicio de la Prostitución, que hoy “permite” que en bares y cantinas se oferten servicios sexuales, pudiendo constituir el principio de la cadena de trata.

Hasta ahora, dijo, el gobierno de la ciudad ha sido omiso frente a la comisión de este delito, siendo evidente la promoción y facilitación de la prostitución y su explotación económica, pretendiendo un supuesto consentimiento otorgado por la víctima sin importar sus condiciones de vida, carencias y vulnerabilidad en el convencimiento de que ninguna persona puede consentir su propia explotación.

La concejala de Igualdad de Género recordó que en el sistema capitalista neoliberal y global, la trata de personas es la conducta antijurídica y criminal más observada en la actualidad, a partir de la omisión y la impunidad, para explotar, denigrar, prostituir y esclavizar a otras personas, consideradas vulnerables socialmente, en particular mujeres y niñas que no han alcanzado una protección eficaz del Estado, considerando su responsabilidad frente a ese delito, muchas veces omiso e imbricado con el crimen organizado más poderoso.

En este contexto, es el Estado en todas sus concepciones, quien debe atacar los factores que vulneran a una población expuesta a las redes de explotación y tratantes, mediante la reversión de un modelo de política económica que ha generado desempleo, trabajo no registrado, pobreza, fragmentación y exclusión social.

Citó datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala que el 55 por ciento de las víctimas de explotación laboral son mujeres y niñas, y el 98 por ciento de las víctimas de trata sexual en el mundo. En números ordinarios, las víctimas de explotación sexual en Latinoamérica ascienden a 1.8 millones.

García Chávez indicó que la trata ha adoptado sofisticados mecanismos a través de las redes sociales, además de aparentes acciones legales que permiten eludir la ley; las rutas de trata son más amplias, se les capta mediante ofertas de trabajo engañosas, son llevadas a destinos alejados de sus hogares para ser regenteadas y explotadas.

Tareas en las que, sostuvo, hay un accionar de policías, jueces, inspectores y funcionarios que se involucran con su acción u omisión. Todo ello, marcado por la percepción naturalizada de que el ejercicio de la prostitución forzada no es un delito.

SEM/sje/lr


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