Qué sabemos de la violencia política

Brindar menor cobertura en medios, o hacer señalamientos y descalificaciones a partir de la vida personal de las candidatas, algunos ejemplos


* Oaxaca es la única entidad que además de tener el delito en la Ley de Acceso, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal

LA OPINIÓN

SemMéxico, 1 agosto 2017.- Brindar menor cobertura en medios o hacer señalamientos y descalificaciones a partir de la vida personal de las candidatas, son algunos ejemplos Oaxaca es la única entidad que además de tener el delito en la Ley de Acceso, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, en el proceso del 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y dos mil 697 en 30 elecciones locales; es decir, tres mil 326 cargos de elección popular en total. Estos cargos deberán sujetarse a las nuevas reglas que establecen paridad en las candidaturas, es decir, deberán ser mitad mujeres y mitad hombres.

Será la primera vez en la historia de México en la que las mujeres tendrán mayor posibilidad de acceder a los espacios de representación popular, tanto en los gobiernos municipales como en los congresos.

De acuerdo a SemMéxico, Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), declaró que en el proceso electoral 2014-2015 se registraron 38 casos de violencia contra mujeres, cifra que creció exponencialmente en 2016, cuando sumaron 143 casos.

Mientras que en el 2012 solo registraron 2 casos.

Este fenómeno no es gratuito, estudios de género han mostrado que cuando las mujeres asumen mayor autonomía sobre sus cuerpos y vidas, empoderamiento económico y mejor posición dentro de la sociedad, las violencias machistas incrementan para intimidar a las mujeres y regresarlas al espacio privado.

Ante esta nueva composición, la sociedad enfrenta nuevos retos para realmente ser democrática y demostrar que puede representar adecuadamente al 52% de la población, las mujeres.

Prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres es una tarea compleja. Sin embargo, solo 12 estados han tipificado la violencia política. Dos la han incluido en la Constitución estatal (Chiapas y Ciudad de México, esta última con un retroceso porque eliminó del concepto de violencia política el componente de género); nueve la incluyen en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz); uno en la ley electoral local (Nayarit). Oaxaca es la única entidad que además de tener el delito en la Ley de Acceso, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal y la sanción incluye penas de privación de la libertad y multa. A nivel federal, se tiene en la Cámara de Diputados una propuesta que no ha podido ser aprobada (SemMéxico, 2017).

Además de impulsar la legislación pendiente, es importante que el estado preste atención sobre los tres momentos en los que se identifica violencia política: a) al momento de elegir candidatas, b) en el transcurso de las campañas, y c) cuando están en el puesto de representación popular (Cerva, 2014).

Hace unos años, cuando empezaron los mecanismos de cuotas, era frecuente que a las mujeres candidatas se les obligara a renunciar a sus puestos para que los suplentes varones ocuparan finalmente el espacio este fenómeno fue conocido como “juanitas”.

Con las nuevas reglas, los y las suplentes deberán ser del mismo sexo que quien está en la candidatura. Lamentablemente, las resistencias son fuertes y hoy en día hay casos donde las candidatas son elegidas por la cercanía o probabilidad de manipulación respecto a los hombres que sienten deberían haber ocupado los cargos.

Ejemplos comunes de violencia política durante las campañas son dar menor presupuesto a candidaturas de mujeres; dar distritos o espacios que los partidos consideran perdidos; brindar menor cobertura en medios, o hacer señalamientos y descalificaciones a partir de la vida personal y sexual de las mujeres, refiriéndose a su forma de vestir, de relacionarse con otros hombres y mujeres, sobre sus roles como madres o hijas, desestimar su capacidad por el hecho de ser mujeres, entre muchas otras manifestaciones que hemos visto en las pasadas elecciones. En este último punto debe existir un mayor control por parte del INE para vigilar que los medios así como partidos políticos y candidatas (os) no reproduzcan violencia política basada en el género.

Finalmente, cuando se toman los cargos, deberemos vigilar que las mujeres realmente puedan ejercer y no sean relegadas de las reuniones, enviadas a tratar solo temas que se consideran femeninos; debemos ayudarlas a posicionar en la agenda del estado las problemáticas que impiden la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como se ve, el reto es muy amplio para el 2018; construir una verdadera democracia incluyente, paritaria, requiere de esfuerzos conjuntos para reconocer las múltiples aristas del problema, plantear soluciones pertinentes e informar a las mujeres para que vigilen y acompañen en esta lucha que hace más de un siglo se ha venido impulsando en México, con el esfuerzo de mujeres feministas y de izquierda por los derechos político electorales.

Por votar, pero sobre todo ser votadas.

Todas las mujeres, todos los derechos.

Twitter @RitaIFdz





Comment Box is loading comments...