¿Cuántos millones más de pobres necesitamos para condenar la corrupción?

Opinión


* * Como sociedad civil, debemos fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción para que pueda realmente investigar y sancionar

LA OPINIÓN

Rita Imelda Fernández
SemMéxico, Cd. de México, 19 de julio 2017. Peña Nieto, en el año 2014, dijo que la corrupción era un problema cultural; con este argumento el Presidente de México intentó naturalizar un delito, quitar el peso jurídico sobre una conducta que daña la sociedad como es la corrupción o el peculado. En ese mismo año la periodista Carmen Aristegui señaló en una investigación especial el escándalo de corrupción en el que se vería involucrado el presidente con la “casa blanca”.

Pero no solo el presidente se ha visto rodeado de este tipo de escándalos, en este sexenio también se han dado a conocer casos que involucran a gobernadores como Roberto Borge, Humberto Moreira y César Duarte entre muchos otros y un sinnúmero de regidores, síndicos y presidentes municipales como el famoso y bastante despreciable “Layin”. De todos estos casos hoy uno tiene los reflectores, el caso de Javier Duarte de Ochoa, #Javidu o Javier “N”, por eso la protección de datos personales que solicitaron los abogados del acusado. Su caso fue llevado a la agenda nacional por el periódico digital Pájaro Político a través de una investigación especial que reveló inconsistencias que apuntaban hacia el desvío y robo de recursos de programas sociales, hospitales y construcciones que hoy sabemos asciende a 650 millones de pesos.

Al feminismo, por su parte, le ha tocado develar cómo la corrupción impacta de manera
diferenciada a hombres y mujeres. Así podemos observar que el dinero desviado, robado de esos programas sociales cuyos objetivos son cerrar brechas de desigualdad o mitigar la pobreza impacta principalmente a mujeres porque la mayoría de los pobres son mujeres. Cuando el dinero es dirigido a servicios de salud son otra vez las mujeres las más afectadas pues el grueso de la población que depende de servicios públicos de salud por la falta de seguridad social son mujeres que tienen trabajos en la informalidad y en las labores gratuitas de cuidado y crianza con las que se mantiene la sociedad capitalista y la humanidad como especie.

La sociedad civil organizada ha impulsado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual a pesar de muchos obstáculos para su constitución y aprobación en las cámaras parlamentarias hoy por fin entrará en operación al concluir el plazo de un año que se estableció el 18 de julio del 2016 con el fin de coordinar a las autoridades, federales, estatales y municipales, para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Pero aún falta definir magistrados especializados, jueces, fiscales, aprobar leyes secundarias y, sobre todo, impulsar servidores públicos que realmente estén comprometidos y profesionalizados para dar seguimiento y sentencia a todos los casos de corrupción que tenemos enfrente.

En este contexto el caso de Javier “N” regresa a tema porque ha mostrado un Estado poco preparado para enfrentarse en el Sistema de Juicios Orales, para la PGR las imprecisiones de los fiscales en la comparecencia fueron irrelevantes, mientras que otros especialistas y la propia opinión pública considera que estos vacíos y errores facilitarán que Duarte termine siendo absuelto.

Este caso será el laboratorio con el cuál podremos prever lo que sucederá en 2018, cuando EPN salga de los Pinos y se descubran, ahora sí, las corrupciones detrás de su sexenio y tal vez entonces el socavón en Morelos pueda ser explicado en torno a la corrupción que permitió que la autopista inaugurada hace no más de 4 meses haya duplicado sus gastos, y aún así, no haya hecho lo necesario para evitar que las lluvias y la basura colapsaran el paso exprés donde fallecieron dos personas por asfixia luego de caer ahí.

Queda entonces, tanto para sociedad civil y defensoras y defensoras de los derechos humanos defender, fortalecer y proteger el Sistema Nacional Anticorrupción para que vigile y fortalezca al Estado y pueda realmente investigar y sancionar los casos de corrupción. También queda denunciar como nos afecta día a día la corrupción. Nos queda la obligación de ayudar a otras personas a levantar la voz y gritar por ellas si es necesario sobre los efectos diarios de la corrupción en nuestras vidas, porque nuestras vidas importan.

Estamos en un momento de transición, un tiempo en el que es factible transformar la realidad o permanecer en el deterioro de nuestra calidad de vida hasta límites insostenibles. Hoy somos en México 53.3 millones de pobres, 46.2% de la población total, ¿cuántos millones más de pobres necesitamos para condenar la corrupción y el saqueo de las arcas públicas en detrimento de las personas?

Cada segundo nuestras acciones, conductas y conversaciones refuerzan las instituciones y reglas con las que se construye nuestra sociedad, hoy tenemos la posibilidad de propiciar la transformación social, y no reproducir conductas anticipadas de aceptación de la derrota, de la explotación, de la humillación, de la vejación a la dignidad, de la violencia en cualquier forma para callar los reclamos justos de un pueblo que no merece gobernantes corruptos, tiranos o traidores.



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