¿Culpa de la Gobernadora?

¿Culpa de la Gobernadora?


* ¿Culpa de la Gobernadora?

Natalia Vidales

Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico, 24 octubre 2016.- Por supuesto que es un exceso de la oposición aquí en Sonora por parte de MORENA que encabeza Alfonso Durazo el señalar a Claudia Pavlovich como responsable de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Bácum donde un miembro de la tribu Yaqui resultó muerto; ocho personas más resultaron heridas y fueron incendiados 13 automóviles durante un enfrentamiento entre quienes apoyan el paso por el territorio indígena de un gasoducto y quienes -las autoridades del pueblo de Bácum- se oponen a que el mismo cruce por el suyo.

Pero lo que sí es cierto es que este asunto se convierte en el primer gran problema para la gobernadora en virtud de que sobraban indicios de que este conflicto terminaría mal, como finalmente ocurrió. La falta de haber supuesto un escenario como el sucedido y de haber actuado para prevenirlo -en vez de ahora para remediarlo— sí representa la ausencia de operadores con la habilidad suficiente para atemperar los ánimos de las partes en conflicto para disuadirlos de llegar a las manos y menos aún a las armas: ¿qué no estamos, pues –o disque—en un Estado de Derecho?

El gobierno se encuentra en un dilema, porque si admite que los sucesos los tomaron por sorpresa, malo, porque significa falta de capacidad en la atención de un riesgo siempre latente entratándose de los Yaquis como ya en otros conflictos ha quedado demostrado; pero si, por otra parte, acepta que el asunto se les salió de las manos, peor.

Como sea, no se trató de un hecho fortuito o de fuerza mayor, es decir de imponderables al quehacer humano, sino de un hecho perfectamente previsible que no se atendió debidamente o, peor aún si no se quiso atender para permitir, a costa de lo que sucediera, la construcción del gasoducto por tratarse de un asunto de suma importancia para el desarrollo económico del sur del Estado. Como si no fuera posible utilizar todas las artes de la política para conjurar los intereses en pugna.

Alfonso Durazo se excede cuando dice que este crimen fue de Estado para favorecer los intereses privados de la empresa Ienova, constructora del gasoducto, en contra de los intereses sociales de los Yaquis y que la falta de atención previa del asunto obedece a que la gobernadora está en todos los eventos sociales menos donde debe de estar.

Hay quienes han comparado esta situación con lo ocurrido en 1975 cuando fueron asesinados siete campesinos en San Ignacio Río Muerto y que le costó a Carlos Armando Biebrich la gubernatura también acusado de aliarse con las fuerzas económicas en contra del sector social. Pero el solo hecho de mencionarlo despierta el sospechosismo de la gente y eso resulta riesgoso por sí mismo.

Pese a las declaraciones iniciales de que se trataba de un asunto federal, hoy Lunes quedó conformada una fiscalía especial local en otra de las contradicciones del caso, y que se encargará de deslindar las responsabilidades penales de lo ocurrido. Pero finalmente la responsabilidad política recae en la gobernadora cuando adicionalmente se señala que el anterior conflicto del acueducto que “alevantó” a los Yaquis no provocó ni un solo muerto y hoy sí. Este último comentario es un golpe bajo a la gobernadora, sin duda, pero así es de susceptible el sonorense tratándose de la muerte de inocentes.

Allá en el sur del país son cotidianos estos sucesos. En 1975 en Chiapas y en Veracruz fueron masacrados decenas de campesinos por líos agrarios y no pasó nada. Pero acá en Sonora la muerte de “solo” siete de ellos provocó la caída del gobernador. El gobierno debe contar –porque parece que no los tiene o que no los usa— con expertos en mediación que estén permanentemente al tanto de cualquier posible polvorín aquí en Sonora.

Pero si en realidad se trató de un acto deliberado propiciado por el gobierno de Sonora para imponer el gasoducto a cualquier precio, como lo dice, Alfonso Durazo, entonces… todo puede suceder.

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