Mujeres

Persisten resistencias contra personas históricamente vulneradas

Luisa Rebeca Garza López obtiene su título profesional y cédula tras años de trámites


* Ella es trans y este día obtiene su título como Maestra en Procesos e Instituciones Electorales

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 julio 2017.- Luisa Rebeca Garza López afirmó que hay resistencias para interpretar de manera amplia, con una mirada proteccionistas de derechos humanos, casos de personas que nos ubicamos en categorías históricamente vulneradas y no sólo en términos de género, sino también de clase social o etnia, como sucede con muchas mujeres en Oaxaca.

Luego de aprobar su examen de Maestría en Procesos e Instituciones Electorales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la tesis “Violencia de Género y participación política de las personas trans en México desde 1990, dentro del Sistema Electoral Mexicano”, afirmó que éste sistema como reflejo de la sociedad mexicana vive transfobia y transmisoginia.

Garza López, quien luego de cuatro años de gestiones administrativas, logró que la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgara su título universitario de licenciatura y su cédula profesional con su nombre femenino, apenas el pasado martes, obtuvo la mañana de este jueves su título de Maestría, por unanimidad y mención honorífica, como resultado de un acuerdo que en 2013 realizaron la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

Dos hechos fundamentales en su vida en solo tres días, sostiene vía telefónica y confiesa las muchas dificultades, el tiempo y los recursos financieros que tuvo que invertir pero finalmente logró que le entregaran su título y cédula profesional con el nombre de Luisa Rebeca, luego de que transicionara del sexo masculino a mujer trans, historia que previamente había contado a SemMéxico hace poco más de un año.

Garza López indica que aún falta mucho para que la nuestra sea una sociedad de iguales y la discriminación y la exclusión sean cosa del pasado, de ahí que considera que el haber logrado ser la primera mujer trans que en Nuevo León obtiene su cédula y título con su nombre de acuerdo a su opción sexual escogida, habla de un proceso, pero lo más importante es que las instituciones educativas, electorales y en general estén preparadas para dar respuestas a las personas de la diversidad sexual.

Se necesita que las instituciones deben revisar sus procedimientos y establecer protocolos para dar respuestas claras y oportunas, de lo contrario muchas personas trans dejan los trámites por engorrosas, lo cual no puede seguir ocurriendo porque el índice de desempleo las y los trans es del 98 por ciento, hay exclusión social y precarización. Aunado a los altos índices de violencia pues recordó que México ocupa el segundo lugar por ser el más transfeminicida de Latinoamérica.

Las revelaciones de su tesis de Maestría

Su tesis de más de 300 páginas es un ejercicio que trata de medir el sistema electoral mexicano, que es un reflejo de la sociedad en que vivimos, de ahí que sea tranfóbica y transmisógina, y para quienes han ingresado al sistema lo encuentran patriarcal y machista, por lo que viven fuerte exclusión.

En su investigación para obtener la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, realizó entrevistas a muchas personas trans que han participado en la política, ya sea como candidatas o como funcionarias. Para las candidatas o candidatos trans los medios de comunicación son los que más violencia ejercen contra ellos y ellas.

Esta condición de misoginia, añade la entrevistada, es idéntica a la denunciada por el feminismo, solo que ahora atravesado por la transfobia, que para molestar las llaman por otros nombre, no se les reconoce, se les objetiviza y también se les hipersexualiza.

Al igual que muchas otras mujeres, los medios de comunicación, las califican como personas sin capacidad para ejercer liderazgos políticos a pesar de que algunas y algunos candidatos trans vienen de un fuerte activismo social, y subrayó que como ya lo han expuesto las feministas, a una mujer candidata se le exige un historial determinado, un currículum, en tanto los hombres llegan y ya, nadie les pide nada.

De su investigación también solicitó vía el portal de Transparencia, a partidos políticos, organismos públicos locales de las 32 entidades federativas y al sistema de justicia electoral la información referente a candidatos o candidatas que hayan registrado por sus partidos, invariablemente la respuesta de todos, fue que esos eran datos personales y confidenciales.

A pesar de que en las pasadas elecciones por lo menos tres mujeres trans compitieron, una en Ciudad Juárez Chihuahua para diputada federal; otra buscaba un escaño en la Constituyente de la ciudad de México y una más pretendía ser regidora en el Cabildo de Guanajuato. Lo que refleja, dice Rebeca Garza López, una invisibilidad desde las mismas instituciones.

Entre los muchos casos que aborda en la tesis de Mestría destaca el que ella califica como un acuerdo histórico tomado en 2003 por el entonces Instituto Federal Electoral, para que el nombre de la primera candidata muxe, Amaranta Gómez Regalado apareciera en la boleta electoral y el caso de la candidata Jaquelin Barrientos, del PRD, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que poco más de diez años después solicitaba lo mismo, pero ni siquiera le contestaron.

Por consiguiente impugnó ya que el proceso electoral fue inequitativo. La sentencia del Tribunal Estatal de Chihuahua parecía que la habían sacado de los años cuarenta en tanto que la Sala Guadalajara ni siquiera atendió la solicitud.

Garza López expuso que contrariamente ese mismo año el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial hacía promoción sobre el protocolo de violencia política contra las mujeres, pero no se tomó en cuenta a todos los tipos de mujeres.

Explica que evidencia con esto que la falta de un acta de nacimiento corregida provoca exclusión y marginación para las personas trans, lo que representa un hecho de violencia de género y una omisión legislativas tanto federal como local, por la falta de reformas al Código Civil y que les representa sortear una gran cantidad de barreras políticas, geográficas, financieras y humanas para corregir su documentación.





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