Ejecutivo

Regidores y regidoras solicitan medidas cautelares ante DDHPO

Temen por su integridad por escalada de actos promovidos por el presidente municipal


* En un pronunciamiento explican las razones por las cuales no aprueban endeudamiento

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 4 julio 2017- Nueve regidores del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca les dicten medidas cautelares que garanticen su integridad física ante una serie de actuaciones del presidente municipal que podrían traducirse en actos violentos en su contra.

La tarde de este martes, regidores y regidoras del PRI, PAN, PVEM, MORENA y PT señalaron ante la Defensoría que por no aceptar o acordar determinaciones que consideran ilegales y que no benefician a la ciudadanía, el munícipe de Oaxaca de Juárez ha iniciado una campaña de desprestigio y confrontación en medios de comunicación, redes sociales.

Además de incitar a los agentes municipales a tomar acciones que pueden traducirse en actos violentos contra ellos y ellas.

En su queja explican que no solo se les acusa de ser los responsables de impedir el desarrollo de la ciudad de Oaxaca, sino que, incluso, ha llegado a amenazar directamente al regidor de Turismo y Transparencia, Sergio Andrés Bello Guerra, “a quien insultó y acusó de traidor, diciéndole que esto es la guerra”.

Ha ejercido violencia política contra las regidoras, haciendo comentarios misóginos e insultos para denostar y descalificar su trabajo.
En su solicitud de medidas cautelares dijeron que el munícipe (José Antonio Hernández Fraguas) ha solicitado que al menos una regidora y un regidor sean separados del cargo como es el caso de la regidora Karla Verónica Villacaña Jiménez y de Rosario Levi López López, ambos priistas.

Este mismo día, las y los regidores emitieron un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, al gobernador del Estado y al Presidente de México, en el que solicitan al presidente Hernández Fraguas haga a un lado las descalificaciones, deje de promover la confrontación con la ciudadanía y asuma su falta de capacidad y conducción política.

Explican las razones por las cuales no asistieron a la sesión de cabildo del pasado jueves, como la contratación de una deuda “con cualquier institución bancaria por 35 millones de pesos” a fin de ejecutar obras en cuatro agencias municipales que no fueron consideradas en la priorización de obras por no encontrarse dentro de los criterios de operación que marca la Ley.

Sin embargo, dicen en el pronunciamiento, el monto y los criterios que llevan a esa solicitud, “son opacos y cuentan con presupuestos inflados”, además de falta de información, consenso, diálogo, tacto político y transparencia, demostrando con ello la poca capacidad de dirección y liderazgo del munícipe capitalino.

Los y las concejales explican que han solicitado al área correspondiente, el estado que guardan las finanzas del Ayuntamiento, así como los expedientes técnicos de las obras que se pretenden ejecutar, sin embargo, al día de hoy, no se nos ha sido proporcionada.

Y es que indican que, de acuerdo con el propio presidente municipal, como resultado del plan de austeridad que implementó en los primeros cien días, existe un ahorro de 30 millones de pesos, “por lo que consideramos, que el Municipio debe hacer frente a las demandas ciudadanas sin recurrir irresponsablemente al endeudamiento público, el cual busca pagarse hasta la próxima administración”.

No podemos traicionar la confianza de quienes nos dieron su voto, por estos motivos, no autorizaremos una deuda que trascienda esta administración por congruencia ética, puntualizan Sergio Andrés Bello Guerra, Eduardo Reyes Santiago, María de la Luz Ramírez Hernández, Bárbara García Chávez, Leslie Jiménez Valencia, Azucena Hernández Vásquez, Karla Villacaña Quevedo, Rosario Levi López López y Paulino de Jesús Ruiz Olmedo.




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