Mujeres

Piden a CIDH intervención en el caso de triquis desaparecidas

Se cumple una década de la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez


* Negligencia, omisión e impunidad enmarcan el caso de las mujeres triquis

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico. Oaxaca, 5 julio 2017.- Antonia Ramírez Cruz y dos organizaciones no gubernamentales presentaron, la noche de este lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso no atendido por el gobierno de México, de la desaparición de sus hijas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez ocurrido hace una década.

En conferencia de prensa, la defensora de los derechos humanos, Yésica Sánchez Maya, informó que junto con la madre de las dos jóvenes triquis desaparecidas un 5 de julio de 2007, así como el Comité “Si no están ellas…no estamos todas” y la organización no gubernamental Consorcio para el Diáliogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, esperan que la CIDH admita el caso y que el gobierno de Oaxaca asuma su responsabilidad frente al sistema interamericano de derechos humanos.

Y es que este miércoles 5 de julio se cumplen diez años desde que las dos jóvenes triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez desaparecieron y desde entonces la familia solo ha sumado minutos, horas, días, meses, años de actos de negligencia, omisión e impunidad.

Virginia Ortiz Ramírez profesora bilingüe, entonces de 20 años de edad, y su hermana Daniela, estudiante de secundaria con 14 años de edad, se trasladaron desde su comunidad El Rastrojo, San Juan Copala, hacia San Marcos Xinicuesta, con dos paradas para trasbordar una en Putla de Guerrero y otra en Juxtlahuaca. Daniela acompañaba a su hermana quien iba a recoger sus pertenencias a Xinicuesta, pues había logrado que la cambiaran a una escuela más cercana a la casa familiar.

Las jóvenes que iban a volver a casa en solo unos días y que se trasladarían de un lugar a otro en solo cuestión de horas, siguen hasta hoy desaparecidas y ninguna autoridad, de los tres gobiernos estatales que ha alcanzado este caso, no han dado una sola respuesta sobre el paradero de las jóvenes a la familia Ortiz Ramírez.

El 5 de julio de 2007, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez salieron de su casa para atravesar las montañas de la Sierra de Chicahuaxtla, en un territorio que no ha sido amable para las mujeres que han vivido despojo de sus tierras y casas, han tenido que enfrentar una emigración forzada, otras han sido asesinadas y las más han sufrido en sus cuerpos actos de violencia sexual, y de cuyos hechos existen reportes desde los años sesenta cuando eran asoladas las comunidades por elementos del ejército mexicano en busca de los líderes triquis.

Fue esa circunstancia la que en 2006 llevó a Emilia y Adriana Ortiz a encabezar una serie de denuncias, como la violación tumultuaria de una niña de 13 años, como resultado de la confrontación entre grupos que se disputaban el poder en la zona y que en la última década ha puesto a las mujeres en condición de vulnerabilidad. Entre los señalados como responsables estaba al menos uno de los hombres que un año después fue reconocido como uno de los captores de las hermanas Ortiz Ramírez.

En el caso de sus primas, Emelia Ortiz sostiene nunca tuvo interés de las autoridades estatales quienes simplemente no investigaron, quizá porque son mujeres indígenas y pobres.

Antonia Ramírez, madre de Daniela y Virginia, denunció en 2007 la desaparición de sus hijas, el 13 de junio ante la entonces Subprocuraduría General de Justicia del Estado, ubicada en Putla, donde se abrió la averiguación 187/2007.

La ruta que seguirían era sencilla y muchas veces recorrida por Virginia Ortiz. Era un viaje de menos de tres horas. Ellas abordaron el taxi desde Rastrojo, ahí las despidió su mamá Antonia Ramírez. Lo que seguía era ir hasta Putla Villa de Guerrero, el recorrido duraría menos de 50 minutos; en Putla debieron abordar otro vehículo, taxi o camioneta de transporte mixto, hacia Juxtlhuahuaca hasta donde llegarían una hora después, y finalmente de Juxtlahuaca a San Marcos Xinicuesta, el recorrido se haría en 20 minutos a lo sumo. Antonia sabe que llegaron a Putla Villa de Guerrero, pero nunca Xinicuesta.

Antonia Ortiz relató en entrevista que llamó días después al celular de Virginia pero en su lugar contestaron primero una mujer y después un hombre, lo que la alertó de que algo malo había sucedido.

Meses después, un testigo relataría a la Procuraduría que había visto a las dos jóvenes a bordo de una camioneta. “Iban con los ojos vendados y las manos atadas”, entre sus captores, el testigo cuyo nombre siempre ocultó para protegerlo, estaban Miguel Ángel Velasco Álvarez y Francisco Herrera Martínez.

3 mil 650 días de ausencia

Del caso refirió Emelia Ortiz, prima de las desaparecidas y hoy una reconocida activista por la defensa de los derechos humanos del pueblo Triqui, nada se investigó. En una de la primera entrevista, el entonces Procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, prometió a la madre de las desaparecidas que en 15 días devolvería a sus hijas, “ya pasaron más de tres mil 650 días”.

Desde entonces y hasta ahora han tenido conocimiento de los hechos cinco Procuradores y/o Fiscales, y ya tres gobernadores: Ulises Ruiz, Gabino Cué y el actual Alejandro Murat.

Emelia Ortiz García recuerda como al paso de los días y ante la exigencia de la aparición con vida de sus primas, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez se empezó a molestar. Fue como en la cuarta reunión cuando en tono burlón aseguró que él no arriesgaría a sus policías para que fueran a investigar en la zona habitada por el pueblo Triqui. Además pidió a la familia que si se enteraban de algo que por favor se lo informaran.

El sexenio de Ulises Ruiz Ortiz terminó y de las hermanas Virginia y Daniela nada se sabía, excepto rumores que entristecían a la familia, quienes seguían temiendo lo peor pero no perdían la esperanza de encontrarlas.

Al iniciar su gobierno, Gabino Cué Monteagudo conformó una comisión para lograr acuerdos entre los grupos en pugna en la zona triqui, que para entonces había dejado más muertes, más personas desaparecidas y más gente expulsada de sus comunidades. Durante ese gobierno se detuvo a dos de los presuntos señalados como responsables Miguel Ángel Velasco Álvarez y Francisco Herrera Martínez. Sin embargo, ninguno de los dos ha dicho dónde están las jóvenes mujeres. Antonia Ramírez, su madre, pidió hoy que por favor hablen y digan qué pasó con sus hijas.

En el actual gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat, dos fiscales han conocido el caso, pero nadie ha dado una señal concreta sobre el destino de las dos hermanas. Emilia Ortiz García, prima de las desaparecidas, lamentó que el nuevo gobernador y el Fiscal hagan esperar a la familia por varias horas pese a que acuden previa cita.

Antonia Ramírez ha señalado a SemMéxico que espera despertar de esa pesadilla, incluso quiere olvidar la falta de respuesta de las autoridades frente a la demanda de justicia para sus hijas y no entiende el “odio y la saña que han tenido en contra sus hijas y contra su familia”.

Antonia Ramírez pertenece a ese grupo de mujeres que desde los años setenta y ochenta sufrieron las consecuencias de la militarización en la zona triqui, cuando las mujeres sufrieron violencia sicológica, física y sexual a fin de que entregaran a sus esposos, quienes fueron acusados de violentar la región.
En los años ochenta, Antonia Ramírez fue agredida por elementos del ejército mexicano. Los soldados la arrastraron del cabello para sacarla de su casa, donde la amenazaron con colgarla, incluso le colocaron una soga al cuello, para que dijera donde estaba su esposo Amado Ortiz, señalado por un grupo contrario a la organización triqui más antigua e importante, el MULT, formado por los hombres de su familia.

Las hijas mayores de Antonia, como sus sobrinas, Emelia y Adriana, todavía recuerdan como salían huyendo al monte cada vez que el ejército llegaba a la comunidad, algunas mujeres no alcanzaban a salir y eran sometidas a las agresiones de los soldados.

Si la CIDH acepta, desde la noche de este lunes y tras 10 años de espera sin respuesta a su demanda de justicia, Antonia Ramírez Cruz y dos reconocidas organizaciones han puesto en manos de la justicia internacional el caso de Daniela y Virginia.




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