A la delincuencia común y al crimen organizado, se suma el abuso de las autoridades

Mujer y Poder


* La Mafia del Poder…en Hermosillo.

Natalia Vidales

SemMéxico, 26 junio 2017.- Olvidémonos de momento de la mafia de los políticos. A la delincuencia común y corriente y al crimen organizado, se suma en contra de la ciudadanía el abuso de sus propias autoridades, sobre todo de las municipales --las más cercanas a la población-- como sucede aquí en la capital de Sonora.

El propio Director de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Hermosillo, Francisco Meuly Álvarez, informó el pasado fin de semana del incremento en las denuncias ahora no solo en contra de los policías, sino también en contra de los Jueces Calificadores, por exceder sus facultadas, y aun del personal Médico Legista.

En lo que va del año, ya suman 200 –señaló el funcionario-- la mayoría por abuso de autoridad, corrupción, agresiones físicas y verbales y omisiones del cumplimiento de sus deberes.

Si para denunciar a un delincuente común y corriente la gente lo piensa, ¿qué podemos imaginar de plantear una queja en contra de quien porta placa, autopatrulla, y pistola legalmente y que tiene tras de sí todo el aparato del gobierno? ¿o de un Juez Calificador con el que se podría volver a ir a parar en otra ocasión? Sin duda se trata de muchos más casos que los reportados, pero son suficientes para estimar la cifra negra tras de ellos.

Cuando en 1992 se creó en Sonora la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se dispuso la creación de los Jueces Calificadores en las Comandancias de Policía, precisamente porque se constituía de origen en una violación de derechos de las personas detenidas que fuera un policía quien determinara en la barandilla el ingreso de los infractores a las todavía --pestilentes—celdas municipales. La defensa de la ciudadanía ni siquiera era atendida: el número de personas detenidas en la calle correspondía siempre al número de encarcelados.

Con la llegada de los Jueces Calificadores el asunto cambió: se trata de egresados de la Escuela de Derecho, imparciales y ajenos a los vicios y al autoritarismo policial. Pero pasado el tiempo las cosas han vuelto a las andadas: otra vez es muy raro que una o un detenido sea cabalmente escuchado por el Juez e irremediablemente será sancionado con arresto o con una multa. La policía, el Juez y aún el Médico Legista se amafiaron en perjuicio de la ciudadanía.

Invariablemente se le carga al infractor el máximo de arresto por 36 horas, en vez de las 6, 12 o 24 que deben aplicarse a conductas indebidas menores o primigenias, como escandalizar o hacer necesidades en la vía pública. Y las multas exceden, con mucho, lo que limita la Constitución.

Conforme a los artículos 21 de la Constitución General de la República y el 150-B de la Carta Magna local, las multas administrativas --como las que se aplican en las comandancias de policía-- no pueden exceder del importe de un día de salario o del ingreso del detenido. Pero resulta que se determinan multas de nueve mil pesos por ejemplo, a los detenidos en los retenes antialcohol. Entre paréntesis habría que apuntar que el gobierno con una mano firme los permisos de venta de cerveza y de licores “en cada esquina” y con la otra cobra las multas a los bebedores.

Y ahí es donde está el truco: cuando los familiares de los detenidos de bajos recursos acuden a la comandancia son enterados del abusivo arresto o de las altas multas, y mejor se “arreglan” con un propio, muy oportuno, del Juez Calificador, quien de inmediato, ajusta su actuar a la Constitución, cobra lo justo y libera al infractor.

¿Por qué el alcalde Manuel Maloro Acosta no corrige lo anterior? Muy sencillo: porque el ingreso a las arcas municipales significan 30 millones de pesos al año por concepto de multas administrativas en los separos de las comandancias. Nomás por eso.




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