Congreso

FEADLE ya abrió una investigación sobre espionaje a periodistas

Presentarán denuncia ante PGR


* Foto: Alejandro Meléndez. Diputadas y diputados exigen aclarar espionaje a periodistas

Alicia Mendoza

SemMéxico. Cd. de México. 21 de junio de 2017.- Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dio a conocer que desde este lunes la instancia abrió una carpeta de investigación y posteriormente anexó una denuncia por un grupo de personas, en relación al espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Lo anterior durante una reunión de trabajo llevada a cabo este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro y organizada por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, a la cual acudieron la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Patricia Colchero Aragonés y representantes de organizaciones de periodistas como Artículo 19, Club de Periodistas de México, Reporteros sin Fronteras, entre otros.

La diputada Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial, solicitó conocer los avances de las investigaciones sobre los nueve periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha, y del periodista Salvador Adame Pardo, secuestrado en Michoacán el pasado 18 de mayo.

La legisladora panista informó que la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación presentará esta semana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto espionaje del gobierno a periodistas.

Ayer lunes, el periódico estadounidense The New York Times publicó una información sobre el espionaje del gobierno federal a periodistas mediante un software llamado Pegasus, que habría adquirido para investigar a criminales y terroristas.

Durante la reunión de trabajo, Sánchez Pérez del Pozo dio a conocer que la FEADLE recibió este lunes una denuncia por parte de un grupo de personas que fueron señalados en la información periodística; puntualizó que las diligencias se harán de acuerdo con lo que marca la ley.

La diputada Brenda Velázquez pidió a la funcionaria de la SEGOB información sobre los trámites que deben reunir los comunicadores para ingresar al mecanismo de protección implementado por dicha instancia, y el porcentaje de las solicitudes rechazadas.

Respecto a las recientes declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, afirmó que “tienden a minimizar el grave problema de censura y violencia contra la libertad de expresión en México al convertir la tragedia en estadística”.

Velázquez Valdez lamentó que el funcionario no respondiera la solicitud de convocatoria a reunirse con los integrantes de la instancia legislativa que encabeza, por lo que le solicitó informe sobre el presupuesto del Mecanismo de Protección en 2017, sobre la instrumentación de las Unidades de Protección a Periodistas en las entidades federativas que ha anunciado la SEGOB, así como dar a conocer el avance de las acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas, anunciadas por el Presidente de la República el pasado 17 de mayo.

Además “queremos que nos explique porqué sí cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el mecanismo de protección, y aclare las actividades de espionaje que realizó la SEGOB a reporteros”, puntualizó.

Al respecto, el diputado Virgilio Caballero, de MORENA, también pidió una explicación sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos.

Al reconocer que el gremio periodístico enfrente grandes riesgos en su labor, el titular de la FEADLE destacó que mientras en 2014 y 2015 se dieron sólo dos y un homicidio, respectivamente, en el periodo de 2016 a 2017, ocurrieron 17 asesinatos; además que la mayor cantidad de denuncias que recibe la fiscalía son por amenazas y abuso de autoridad, y las entidades con mayor incidencia son Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.

Informó que desde la creación de la FEADLE al 31 de mayo de 2017, se tiene conocimiento de 121 homicidios a periodistas, de los cuales 31 se presentaron del 2000 al 2006; 61, de 2007 al 2012, y 29 de 2013 a la fecha.

Sobre los avances de las investigaciones de nueve periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha, comentó que la fiscalía trabaja de manera coordinada con las entidades federativas y las fiscalías para aclarar cada uno de los asesinatos.

Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Movimiento Ciudadano, pidió que la comisión hiciera suyo, para exigir respuestas ante los casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales dijo, son acciones que violentan la privacidad y dan muestra de la incapacidad que tiene el gobierno para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.

“No exigir respuestas ante este escándalo, implicaría ser cómplices, por lo que urge una investigación pormenorizada, pública y objetiva sobre quién o quienes dieron la orden para intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes y se dé una efectiva rendición de cuentas”, acotó.

La diputada Lia Limón García, del PVEM, llamó a las entidades a participar con mayor seriedad y crear unidades que atiendan medidas de protección a periodistas, a fin generar un atlas de riego y diseñar estrategias específicas; además dijo a los funcionarios de la FEADLE que la comisión especial desea trabajar en conjunto para crear un mecanismo de protección eficaz.

La titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, Patricia Colchero Aragonés, consideró necesario que el mecanismo de protección a periodistas, implementado por esta instancia, cuente con suficientes recursos para el 2018, ya que cada vez se incorporan más personas.

Informó que de cuatro años a la fecha, se rechaza alrededor del 15 por ciento de las solicitudes para recibir estas medidas de protección, debido a que no cubren alguno de los requisitos; sin embargo, en este último año, de 66 peticiones de incorporación, sólo se objetaron dos.

Ana Cristina Roldán Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, indicó que las recientes declaraciones del subsecretario Roberto Campa demuestran que “no se ve el nivel del problema”.

Dio a conocer que en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa Artículo 19 documentó 717 agresiones y 33 asesinatos de periodistas, mientras que en los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto se han registrado mil 499 agresiones y 27 asesinatos.

Consideró que la fiscalía especial para atender los delitos de agresión a la libertad de expresión no hará lo que necesita mientras no haya autonomía de la Procuraduría General de la República, por lo que se necesita la reforma inmediata del Artículo 102 constitucional, además de una ley para la fiscalía que contemple la participación de la sociedad.

Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, coincidió con la necesidad brindar autonomía a la FEADLE, aseguró que es lamentable que el propio Poder Legislativo al paso de los años haya desaparecido algunas instancias creadas para la protección de los comunicadores aunque ahora se retoman, la agresión a periodistas es un problema de hace 20 años, dijo.

Consideró tardío el mensaje del Presidente de la República y señaló que él mismo habló de la impunidad y la corrupción que hay en los niveles inferiores de gobierno, donde gran parte de los ataques a la libertad de expresión provienen de esas áreas. Además, lamentó que solo en ocho estados del país existan protocolos de atención en esta materia y pugnó por encontrar un marco legal de vanguardia para el ejercicio periodístico en México.

Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, demandó a las asociaciones de periodistas y locutores unirse y estar conscientes de que esta profesión es muy importante y debe hacerse con mucha responsabilidad.

María Teresa Mora Guillén, de la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas, se pronunció por nuevas leyes, se restablezcan los certificados de locución, y haya corresponsales en los estados que den cuenta de las agresiones y asesinatos de los representantes de la prensa.

Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México, respaldó la propuesta de independencia de la FEADLE, ya que la falta de autonomía no le permite realizar su trabajo, recordó que ha habido casos aberrantes, como el del periodista Moisés Sánchez, el cual, dijo, “no se atrajo por una cuestión discrecional del ex fiscal, pese a que había todas las evidencias y obligación de atraerlo”.

Consideró fundamental que se modifique el Artículo 73, fracción 20, en su parte segunda, también planteó la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas, así como la obligación del Estado para diseñar políticas para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionales de la comunicación.

Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros sin Fronteras, propuso que el secretario de Gobernación y el titular de la PGR comparezcan ante esta Comisión Especial, porque en la medida en que no se eleve el costo de quienes deben rendir cuentas en el Congreso de la Unión tampoco habrá una responsabilidad, sostuvo.

Cuestionó además la posible creación de fiscalías estatales, ya que no se trata de crear mecanismos al vapor, debe haber una participación activa de los periodistas en una consulta de cómo deben ser integradas estas unidades, “me parece un riesgo que esto se hiciera al vapor por el simple hecho de dar una respuesta a los compromisos que hizo el Presidente de la República”.

El titular de la FEADLE reiteró que el mayor reto de la fiscalía es abrir, transparentar su labor y abatir la impunidad, y se comprometió a no tratar a los periodistas como números y estadísticas, sino enfocar su labor en el respeto y la protección de los derechos humanos.

Reconoció que hay “un repunte en la violencia hacia los periodistas en los dos últimos años”, pero aseguró que los homicidios no son lo único a lo que se enfrentan los comunicadores, pues también existe un gran número de agresiones, amenazas y señalamientos por abuso de autoridad, añadió que ante este panorama se reunirán con los periodistas con el objetivo de mejorar la FEADLE.

Informó que el plan de trabajo consiste en desarrollar dos protocolos. Uno, enfocado en la atención de las víctimas y otro que genere acciones para la investigación, “lo que se pretende es que cuando se cometa un delito contra periodistas se realice una línea inicial de la violación a la libertad de expresión y labor periodística”.

Enfatizó que se capacita a los ministerios públicos, la policía ministerial y peritos para que posean un conocimiento especializado y logren atender la situación preocupante y de alto riesgo que padece el gremio periodístico.

En su turno, Patricia Colchero Aragonés indicó que el eje estratégico para abatir la agresión hacia periodistas es la prevención; por ello, destacó que se ha tratado de fortalecer el protocolo de atención, investigación y protección, por lo que se trabaja con las unidades de locales para otorgar mayor salvaguarda a familias y personas alrededor de los periodistas agredidos.

La representante de la SEGOB manifestó que los protocolos de autoprotección impartidos a través de talleres han sido exitosos, pero en la actualidad no hay recursos humanos para llevarlos a cabo.

Enseguida, la diputada Brenda Velázquez informó que se recibió un oficio suscrito por Patricia Isabel Monreal Vázquez, en representación de periodistas del estado de Michoacán por el que se solicita una reforma al Código de Penales Federal para incorporar un tipo penal específico que sancione delitos contra libertad de expresión y acceso a la información. De igual forma dio a conocer otra petición del Club de Periodistas de México para pedir que se cree la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas.

Informó que ya hizo el compromiso de presentar las iniciativas correspondientes en el próximo periodo de sesiones para atender ambas solicitudes.

Finalmente, la diputada del PAN, recordó que se reunió con el nuevo Fiscal de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, con quien se acordó celebrar un foro en este año enfocado a la prevención de las agresiones y centrado en la circunstancia de aquella entidad, así como crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión en Oaxaca, e integrar un Consejo de Periodistas que dé seguimiento a las 13 carpetas que hay actualmente en ese estado.
AM/GR



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