Ejecutivo

En la PGR maltratan a las mujeres, CNDH emite recomendación

Obligan a una empleada embarazada a realizar actividades peligrosas


* Según se desprende del trato que recibió una empleada en esa dependencia que recibió recomendación de la CNDH

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 13 junio 2017.- La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por obligar a una empleada embarazada a realizar actividades peligrosas y perdió a su bebé por ese motivo.
En opinión de la CNDH, que emitió la Recomendación 22/2017 dirigida al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, fue una franca violación a los derechos humanos al obligar a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos fuera de los recomendados por los médicos en su caso particular.
Los servidores públicos, indicó la CNDH, restaron importancia a la pérdida del producto en gestación, minimizaron los riesgos, violentaron sus derechos humanos y se enfocaron únicamente a que se cumplieran las expectativas laborales, aun habiendo disponibilidad de personal para ejecutar esa tarea.
Al narrar los hechos, el organismo nacional dijo que el 4 de febrero de 2015, la agraviada interpuso queja ante la CNDH, en que refirió que fue enviada en forma reiterada a diversas comisiones de trabajo a distintas entidades federativas, sin consideración alguna por su embarazo de alto riesgo, lo que representó un peligro para ella y el producto de la gestación.
Tras conocer su embarazo con 3.6 semanas de gestación, el 13 de abril de 2014 acudió a la Unidad de Urgencias del ISSSTE, donde le expidieron licencia médica por cinco días, con el diagnóstico de “amenaza de aborto”.
Al entregar la incapacidad y el dictamen médico a su superior, el Subdirector del Departamento de Medicina Forense le señaló que “el estar embarazada no era incapacitante, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba”, sin considerar que su embarazo no estaba en situación de “normal”.
En diferentes fechas los médicos del ISSSTE le incapacitaron, dándola de alta con plan de egreso a su domicilio, pero por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido fue obligada a realizar las actividades propias de su encargo, para lo cual tuvo que trasladarse por vía terrestre, por caminos accidentados en vehículo automotor y caminando por cerros y montañas, cargando su maleta y su caja de herramientas.
Sus superiores se negaron a recibir las incapacidades y le dijeron que tenía que atender sus requerimientos de trabajo, señaló la CNDH.
Fue sometida, además, a amenazas de que la despido, y ella cumplió con varias órdenes de trabajo, como acudir a la Sierra Tarahumara, acompañada de elementos del Ejército Mexicano, donde debió soportar temperatura de 40 grados Celsius, sin comer y sólo ingerir líquidos.
Mencionó que el 26 de junio siguiente, en Chihuahua, tuvo sangrado vaginal, por lo que allí acudió al Hospital General del ISSSTE “Presidente Lázaro Cárdenas”, donde le diagnosticaron amenaza de aborto.
El 5 de julio siguiente tuvo dolores y expulsión de líquido, por lo que se trasladó al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde le informaron que se había roto la fuente y al día siguiente se le practicó un aborto, con 18.1 semanas de gestación.
Denunció que el 23 de julio, ya reintegrada a su trabajo, se negó a realizar una exhumación, puesto que se sentía débil, por lo que su superior instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia, y a partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos.
Indicó que en varias ocasiones uno de sus superiores le dijo que no era posible que renunciara y si lo hacía iniciarían procedimiento administrativo o penal, y su falta de profesionalismo le ocasionaría problemas legales. Debido a la violencia laboral y relaciones hostiles, se vio forzada a no renovar su contrato con la institución, por lo que dejó de laborar el 31 de diciembre de 2014.
Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó que las autoridades involucradas violentaron los mencionados derechos humanos de la víctima; transgredieron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales.
Por ello, la CNDH recomienda al titular de la PGR reparar el daño a la mujer que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatología, así como emitir un protocolo de actuación, con directrices que deberá seguir el personal directivo de la PGR, para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez, así como capacitar y formar a todo el personal de esa instancia en materia de derechos humanos con perspectiva de género.
ga/gr


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