Ejecutivo

Matrimonio forzado estrechamente relacionado con explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

Los matrimonios forzados constituyen una práctica inadmisible que viola los derechos humanos de niñas y niños: Lorena Cruz Sánchez


* Se registran al año entre 430 mil y 450 mil partos de madres de un rango de edad de entre 10 y 19 años de edad.

Alicia Mendoza

SemMéxico. Cd. de México. 5 de mayo de 2017.- El matrimonio forzado es una realidad presente en nuestro días estrechamente relacionada con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, así se advirtió durante la presentación del libro “Autonomía y libertad. La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en su modalidad de matrimonios forzados”.

En el evento, ayer en la Biblioteca Nacional, participaron Dorothy Rozga, directora ejecutiva ECPAT Internacional; Lorena Cruz Sánchez, presidenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Cristian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF); Mónica González Contró, abogada General de la UNAM; Gloria Ramírez Hernández, cátedra UNESCO; Eric Gómez Tagle, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y María Antonieta González del Castillo, directora General Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Para el INMUJERES, afirmó Lorena Cruz Sánchez, “los matrimonios forzados constituyen una práctica inadmisible que viola los derechos humanos de niñas y niños”.

“Los matrimonios forzados son inadmisibles, porque afectan gravemente la vida de niñas y niños, su salud, su desarrollo intelectual, afectivo, social, educativo y cultural, con altas probabilidades de aumentar la discriminación y la violencia contra ellas y ellos. Implica en la mayoría de los casos poner fin a la educación de una niña”, puntualizó.

El problema del embarazo adolescente es un problema de salud pública, ya que en México se registran al año “entre 430 mil y 450 mil partos de madres de un rango de edad de entre 10 y 19 años de edad”, ante esta situación, dijo, “se identificó la urgencia de desarrollar la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, hace tres años”.

Dese 2014, puntualizó, “el INMUJERES ha promovido la prohibición legal del matrimonio con menores. En 31 entidades se establece la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, de los cuales 24 ya eliminaron las dispensas” para que menores puedan unirse con el consentimiento de padres o tutores.

“Es imposible avanzar en la armonización legislativa que garantice y proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes, con base en los más altos estándares internacional, si no contamos con el apoyo decidido de los congresos locales para modificar el marco jurídico normativo”, finalizó.

Al respecto, Norma Elena Negrete Aguayo, autora del libro, afirmó que “en días pasados se celebró el día del niño, sin embargo bajo estas circunstancias hay muy poco que festejar”.

Explicó que “en México los matrimonios forzados en los que se involucra a niñas, niños y adolescentes se presentan bajo distintas circunstancias”, “aún cuando existe un cuerpo normativo internacional y nacional en derechos humanos encaminado a proteger a las y los niños, estamos lejos de que estos estándares sean cabalmente garantizados por el Estado y por sus instituciones”, agregó.

De igual forma, Cristian Skoog, representante del UNICEF, indicó que “el matrimonio es una práctica nociva que vulnera los derechos de niñas niños y adolescentes que amenaza su crecimiento y desarrollo integral, educación, salud”.

Destacó que “el impacto es más fuerte para las niñas al estar asociado con la maternidad a temprana edad, lo que incrementa probabilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, con mayor exposición a la violencia en el hogar, abandono de la educación, lo que perpetúa el círculo de pobreza”.

También señaló que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, casi el 24 por ciento mujeres entre 15 y 54 años de edad contrajeron matrimonio antes de los 18 años. Esta práctica afecta más a las niñas y adolescentes, en 2015 del total de matrimonios de personas menores de 15 años registradas en el país, 98.4 por ciento fueron de niñas.

Recordó que en México se expidió en 2014 la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que establece la edad mínima de 18 años sin excepción, no obstante, dijo “se ha tenido problemas para replicarlo en todos los estados”.

A pesar de los avances legislativos, indicó, “se debe continuar la lucha para asegurar ese piso mínimo”, además “se debe trabajar un cambio de cultura y promover una respuesta integral para la erradicación del matrimonio infantil”.

Además de tener la prohibición legal del matrimonio antes de los 18 años, el representante del UNICEF destacó cuatro puntos para poder erradicar el matrimonio infantil, “es esencial promover políticas de protección social que lleguen a las familias más necesitadas, contribuir a la transformación de los y costumbres entorno a este fenómeno, así como a las prácticas basadas en violencia y discriminación de género, favorecer el acceso a educación de calidad y empoderar a las niñas y adolescentes para lograr la igualdad sustantiva promoviendo la protección de sus derechos”.

Por su parte, Eric Gómez Tagle, profesor investigador de la BUAP, indicó que “la explotación sexual comercial está estrechamente relacionada con los matrimonios forzados, en algunos casos para beneficio económico de una tercera persona: padres tutores, conyugue, explotador”.

En el contexto nacional, la familia “también implica un espacio cerrado donde se presenta cotidianamente la violencia, la explotación, la falta de respeto, el incesto y la servidumbre doméstica”, sostuvo.

A su vez, Dorothy Rozga, ECPAT Internacional, explicó que el impacto de la explotación sexual “en las niñas, niños y adolescentes es devastador, viola cada uno de los derechos humanos que tienen. Es un crimen para el cual no hay estadísticas precisas, pero sabemos que la vulnerabilidad ha aumentado y que no hay región, país, niña o niño que esté inmune. Es un crimen que crece más rápido que la aplicación de la ley y que las medidas de protección de niñez y adolescencia”.

También señaló que no existen “una víctima ni victimario típicos para este crimen. La expansión del Internet y las tecnologías móvil crean más oportunidades para este crimen. Esto significa que cada vez hay más víctimas”.

“Un reporte de México indica que el 60 por ciento de las víctimas de trata de personas de entre 2010 y 2013 son explotados sexualmente, y de éstas más del 50 por ciento son niñas, niños y adolescentes”, ante este contexto, dijo, “necesitamos de fuerzas integrales y rápidas centradas en la niñez”.

Enlistó algunas medidas necesarias para erradicar la explotación sexual infantil “concientización basada en datos sólidos, enfoque en la prevención, más apoyo en los mecanismos de denuncia, ponerle fin a la impunidad, más acceso a la justicia, al cuidado y a la recuperación. En todos estos puntos, las voces de los sobrevivientes son vitales para el desarrollo de respuestas efectivas, que implica más inversión del gobierno en la protección de la niñez”.

Mónica González, abogada General de la UNAM, recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la disposición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece la prohibición del matrimonio antes de los 18 años.

“Esta acción de inconstitucionalidad está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a tener que decidir si se prohíben los matrimonios infantiles o no”, dijo.

Además, explicó, en la sociedad aún existe una “profunda fragilidad respecto a la titularidad de los derechos de niñas y niños”, ya que de acuerdo con la encuesta de la UNAM “Los mexicanos vistos por sí mismos”, de 2015, se indica que cuatro de cada diez personas dijeron que los niños deberían tener los derechos que sus padres les quieran dar; y seis de cada diez dijeron que los niños deberían tener los derechos que les da la ley.

María Antonieta González del Castillo, directora General Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en lugar de María Angélica Luna Parra, titular del INDESOL, destacó las acciones de esta instancia para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en todas sus modalidades, principalmente en el reconocimiento, identificación y ejercicio de sus derechos.

Las uniones conyugales legales y no legalizadas de personas menores de 18 años son una realidad presente en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI, en 2015 se registraron 400,954 personas entre 12 y 17 años que se hallaban en alguna situación conyugal, el 81 por ciento eran mujeres adolescentes, “esta cifra representa el 30.02 por ciento de la población, dato significativo porque ilustra parte del escenario de violación de derechos”, se documenta en la obra.

Comment Box is loading comments...