Internacional

Perú: Esterilizaciones forzadas en tiempos de Fujimori, fueron analizadas en LASA

A 20 años de denuncias, victimas continúan reclamando justicia.


* El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pretende abrir un debate para otorgar un indulto humanitario para Fujimori.

Redacción

Por María Esther Mogollón (*Periodista, feminista, fundadora de MAM Fundacional)
SemMéxico. Perú. 3 de marzo de 2017.- Uno de los casos emblemáticos de violación de derechos sexuales de las mujeres en el Perú, ocurrieron hace 20 años, durante el gobierno de Alberto Fujimori y aun no obtiene justicia, verdad y reparación. A más de 300 mil campesinas, quechua hablantes, pobres, andinas, amazónicas las esterilizaron contra su voluntad, a 22 mil hombres se les realizaron vasectomías (MINSA 2001), mediante la implementación de una política de población, diseñada y dirigida por Alberto Fujimori y el Ministerio de Salud.

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) -la más grande asociación de profesionales del mundo tiene 51 años con sede en Estados Unidos- desarrolló en Lima, Perú su 35 Congreso Internacional del 29 de abril al 1 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Católica del Perú, al mismo concurrieron más de 5 mil participantes procedentes de 57 países y dieron lugar a 900 paneles, talleres, conferencias. En ese ámbito se realizó la Mesa Redonda “Diálogos entre saberes: El caso de las esterilizaciones forzadas desde las afectadas, abogadas, activistas y académicas”. Lucia Stavig, de la UNC Chapel Hill, fue la organizadora y Julieta Chaparro-Buitrago de la Universidad de Massachusetts- Amherst, la coordinadora. Se contó con los testimonios de Rute Zúñiga, cusqueña, presidenta de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas -AMPAEF y la vicepresidenta de la misma Esperanza Huayama, (Asociación de Mujeres Campesinas de Huancabamba-AMBHA, Piura). Además, participaron, Hilaria Supa, ex congresista y ex parlamentaria andina; Raquel Cuentas, trabajadora social e integrante del Instituto Autónomo de Mujeres Campesinas -IAMAMC y María Esther Mogollón, periodista, feminista, del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional).

Antecedentes

Lucía Stavig, explicó que en 1995 la Ley de Población de Perú, fue modificada para incluir la ligadura de trompas o esterilización, casi al mismo tiempo que Fujimori se convertía en el único varón jefe de estado que daba un discurso ante la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing auspiciada por las Naciones Unidas. Fujimori anunciaba el inicio de la campaña de planificación familiar parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Stavig, describió que, en su discurso, Fujimori se sirvió del discurso global de derechos de la mujer, particularmente del paradigma de derechos reproductivos y sexuales. Aunque parecía que el programa de salud reproductiva y planificación familiar incluía a todas las mujeres peruanas, Fujimori se refirió “a mujeres cargando bebés envueltos en frazadas y colgados en la espalda y rodeadas de tres o cuatro niños más”. Los estereotipos utilizados describían a estas mujeres como mujeres con híper fecundidad, incapaces de controlar su capacidad reproductiva. Como en muchas instancias, el “tener demasiados hijos” se combinaba con pobreza. Esta asociación refuerza la lectura de estas mujeres como las arquitectas de su pobreza y la de sus hijos, anotó Stavig.

En su tesis de maestría “Asambleas feministas: feminismos peruanos, esterilización forzada y la paradoja de derechos en el Perú de Fujimori”, Stavig, recoge que un funcionario del Ministerio de Salud del programa de planificación familiar indicaba lo siguiente: “El índice de fertilidad de mujeres pobres es de 6.9—no solamente son pobres, pero crean más gente pobre. El presidente entiende que el gobierno no puede luchar en contra de la pobreza sin reducir la fertilidad de la gente pobre…”. Los trabajadores de salud fueron incentivados a persuadir a las mujeres a escoger la ligadura de trompas.

Testimonios de las víctimas

La colombiana Julieta Chaparro-Buitrago, candidata a doctora, realiza una investigación sobre esterilizaciones forzadas en el Perú y se ha relacionado con cientos de victimas de Cajamarca y Cusco presentó a quienes lideran la organización nacional de víctimas: Rute Zuñiga (Cusco) y Esperanza Huayama (Piura).

“Cuando me llevaban a operar, yo les dije que estaba embarazada” explica Esperanza Huayama, de AMBHA. Yo rogaba que no me hicieran nada y no me creyeron. Insistí y de todas maneras me cortaron. No firme ningún papel. Pasaron ocho meses y fui al Centro Médico, mi hijito nació muerto, es un dolor que llevo toda la vida y me dijeron, que no debía contar a nadie lo que me había pasado”. Como si fuera ayer, Esperanza cuenta lo ocurrido y dice con profundo dolor, que historias parecidas les ha pasado a sus hermanas.

“Tenía 26 años y al mes de dar a luz a mi hijita, me recogió una ambulancia en la puerta de mi casa. Me dijeron “vamos a hacer peso y talla a tu bebita” suban, y obligaron a subir a mi esposo también. Había otra señora en la ambulancia, dice Rute Zúñiga “nos trasladaron desde mi comunidad en Pampaconga, (distrito de Limatambo, Anta), hasta el Hospital de Izcuchaca capital de la provincia. La ambulancia entró y echaron candado a la puerta. Dejaron a la bebe con mi esposo. No sabía lo que me harían, quería escapar, cuenta entre lágrimas Rute. No me pusieron anestesia. Sentí un chorro caliente en mi barriga, era sangre, me dolía mucho, me bajé de la camilla y me detuvieron, “es un pequeño corte, aguanta, es para que ya no tengas hijos” me dijo el doctor y algo me inyectaron. Desperté en el piso -había como 20 mujeres operadas y quejándose- junto a mí. Hicieron firmar un papel a mi esposo “por las pastillas que me dieron”.

Ambos testimonios de las líderes de AMPAEF la organización nacional de las víctimas de esterilización forzada en el Perú, solo son muestra de lo sucedido en el país a miles de mujeres. Para lograr sus metas el personal del MINSA, usó el engaño, la amenaza, el secuestro, y las condiciones de insalubridad eran tales que violaban los estándares requeridos para las intervenciones de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) como denominó el gobierno fujimorista a las esterilizaciones. Los expertos señalan que se violaron los derechos humanos de las mujeres, no aplicaron el consentimiento informado, mucho menos les explicaron en el idioma materno. Hoy no encuentran las historias clínicas ni otros documentos.

Contexto político y papel de las organizaciones

En 1996, cuando inicia la Campaña oficial de Planificación familiar ya estábamos en dictadura, se había producido el autogolpe en 1992 y una Constitución surge en 1993, acomodada a los intereses de la dictadura, en la base el modelo neoliberal de economía. Además, existía un contexto de violencia política y el movimiento de mujeres estaba desarticulado, explica María Esther Mogollón, de MAM Fundacional.

En una línea del tiempo, en 1996 formamos la organización, integrada por representantes de varias ONG y mujeres independientes y nuestros debates se relacionaban al autogolpe de Fujimori, la creación del ministerio de la mujer (Promudeh), la ubicación de mujeres fujimoristas en diversos espacios de poder y la violencia en el país y hacia la mujer, entre otros temas. En 1997, 1998, llegaban alarmas de que se realizaba al interior de país una campaña de salud con muchas irregularidades.

Desde las pampas de Anta, Hilaria Supa clamaba ayuda, las mujeres estaban siendo esterilizadas contra su voluntad. Un sector de MAM la escucha y acoge los casos. De otro lado la abogada Giulia Tamayo (ya fallecida) de CLADEM, comprueba que se realizaban esterilizaciones y empieza a recoger evidencias de lo que acontecía. Investiga en Cusco, en Huancabamba, Ica y otros lugares. En 1999, publica el reporte y video “Nada Personal”, con testimonios sobre las violaciones de derechos que ocurrían.

Hilaria Supa, resalta que MAM Fundacional, fue la única organización que apoyó a las mujeres esterilizadas y CLADEM con Giulia Tamayo. Junto a las denuncias, se inician también las amenazas, cuenta Hilaria. “Me ponían cuchillos con sangre en la puerta, me perseguían, entre otras situaciones”. La casa de Tamayo fue asaltada y ella salió del país en el año 2000.

“Realizamos plantones frente al Ministerio de Salud, emitimos cartas, pronunciamientos, toda una serie de acciones públicas y de apoyo a las víctimas” explica Mogollón. Confiadas que en democracia se lograrían mejores resultados, MAM se sumó y organizó 54 plantones por la democracia y participó activamente en la Marcha de los 4 Suyos, para el derrocamiento de Fujimori.

En el 2001, ya en democracia un grupo de mujeres de Anta, Cusco, llegaron a Lima, con el apoyo de MAM Fundacional y pusieron el nombre y el rostro para denunciar ante el país, las esterilizaciones forzadas. Hilaria Supa, integró la Comisión Especial de investigación de las AQV (2001-2002) la cual halló 57 nuevas evidencias de lo ocurrido. Previamente se habían realizado dos investigaciones en el Congreso y fueron archivadas.

Había un debate público entre la Iglesia Católica y el gobierno, pero nosotras no entramos en ese debate, aunque nos acusaron de opus dei. También recibimos amenazas. Fue un acuerdo no hacer escándalo para no distraer el punto principal: los derechos de las mujeres a las que les habían esterilizado contra su voluntad, y lo hacemos hasta hoy, asegura María Esther Mogollón.

La prensa nacional cumplió un papel interesante (El Comercio, Liberación, Canal N y otros). Hoy el Diario La República ha inaugurado una web sobre el caso, con testimonios, documentos, fotos (http://larepublica.pe/tag/esterilizaciones-forzadas). La prensa internacional (BBC, CNN, Telemundo, El País, Miami Herald y otros) fue muy importante en esos años, cuenta Mogollón.

Casos en Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros esfuerzos.

El caso de Mamerita Mestanza, de Cajamarca, quien murió como consecuencia de complicaciones después de la esterilización, fue llevado a la CIDH por organizaciones como CLADEM, DEMUS, APRODEH, CEJIL y CRLP. En 2003, se llegó a un acuerdo amistoso, con el gobierno de Toledo, pero aún hay incumplimientos. Actualmente el caso también está en Fiscalía junto a los miles de casos denunciados.
En 2003, MAM Fundacional ingresa a Fiscalía más de 243 testimonios de Anta y desde AMBHA les piden que ingresen 78 casos de Huancabamba. Sucesivamente se ingresan cerca de dos mil casos. Hoy la Fiscalía tiene más de 2084 casos. Luego del último archivamiento, el caso se encuentra en la Fiscalía Superior a cargo del Fiscal Luis Landa, quien aún no emite su resolución y se espera la denuncia ante el poder judicial.

Hilaria Supa, contó que, desde su labor de congresista y parlamentaria andina, ha apoyado a las mujeres esterilizadas, y en el 2014 llegó al Perú una delegación del Parlamento Andino, para ver las irregularidades del caso en Fiscalía. Emitió un importante Informe y declaración. En noviembre de 2015, el gobierno de Ollanta Humala, declaró de interés nacional el caso de las esterilizaciones forzadas y creó el Registro de Víctimas, comprometiendo en su cumplimiento al Ministerio de Justicia, Salud, de la Mujer y Cultura, afirmó Supa.
A la fecha la Fiscalía ha archivado el caso 5 veces, y se ha reabierto otras tantas. Sin embargo, en 2012, se reabrió como crimen de lesa humanidad. Las resoluciones de Fiscalía son una vergüenza, expresó indignada Mogollón, hago un llamado a la academia, a revisarlas, no tienen sustento, no analizan el consentimiento informado, tampoco los testimonios de las víctimas. Aducen que no hay historias clínicas y lo dejan ahí, no cruzan información.

En 2014, se formó el Grupo por las Reparaciones de las Esterilizaciones Forzadas (GREF) integrada por una serie de organizaciones de derechos humanos y feministas y personas individuales que abogan por el otorgamiento de las reparaciones a las víctimas, el respeto de sus derechos, entre otras demandas.

En diciembre 2016 la CIDH hizo recomendaciones al Estado peruano, especialmente en la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos (DEMUS).

Por su parte Raquel Cuentas de IAMAMC, recordó las iniciales investigaciones junto a Giulia Tamayo, como su asistenta, y relató las situación de las víctimas de esterilización forzada de Huancabamba, Piura y a través de un convenio que mantienen con AMBHA, realizaron en 2016, una investigación y publicación “La verdad está en nuestros cuerpos” que ha sido presentado en Lima y España. El libro recoge testimonios de las propias víctimas y los impactos que han sufrido en sus vidas, limitándolas para el trabajo, su vida familiar y sexual.

En el contexto actual, Cuentas propuso desmontar todas las versiones que se vienen dando en torno a las víctimas que las tachan de mentirosas o que reciben dinero de las ONG, cuando todo eso es falso y daña la integridad de las víctimas y sus organizaciones. Por ejemplo, en Piura, con las lluvias del “Niño Costero” el local de AMBHA se ha inundado y el alcalde de Huancabamba no quiere apoyarlas, aduciendo que ellas tienen dinero, y no es así, acotó.

“No permitiremos la impunidad, ni la libertad de Fujimori”
Mogollón denunció que los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y el actual de Pedro Pablo Kuczynski, (2016-2021) han utilizado el caso de las esterilizaciones forzadas para ganar las elecciones, prometiendo no permitir la impunidad y ver los temas de reparaciones. Sin embargo, no han cumplido. El gobierno de Alan García (2006-2011), aliado del fujimorismo, negó permanentemente en todos los ámbitos nacionales e internacionales las esterilizaciones forzadas.

Actualmente, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pretende abrir un debate para otorgar un indulto humanitario para Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción, cuyo partido liderado por su hija Keiko Fujimori, ostenta la mayoría del Congreso (73 de 130). Una arremetida publicitaria y de opiniones de integrantes del partido del gobierno, internacionalistas y otros opinan sobre este indulto.

Rute Zúñiga y Esperanza Huayama, aseguran que, al unirse en la organización nacional, se sienten más fuertes para continuar su lucha, que ellas representan a miles de víctimas y explicaron cómo muchas se han visto afectadas en sus vidas personales y familiares, donde hay violencia familiar, abandono, permanentes dolores, depresión. Las líderes de AMPAEF han manifestado, que tienen presente el dolor de sus hermanas, los impactos de las esterilizaciones en sus vidas y que no es justo que ahora se venga a hablar de la libertad de Fujimori. También recordaron que, durante la campaña de Keiko Fujimori, recibieron muchas amenazas.

Rechazaron de manera contundente, las recientes declaraciones de Alejandro Aguinaga ex ministro de salud de Fujimori y uno de los responsables de las campañas de esterilizaciones forzadas. “No somos mentirosas, tampoco recibimos dinero de nadie, ahí están los miles de testimonios nuestros que la Fiscalía no quiere atender” dijo Zuñiga. No vamos a descansar, haremos marchas de sacrificio, plantones, denuncias, no podemos permitir que el responsable de todo lo que nos pasó salga en libertad. Además, Fujimori aun no es juzgado por las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad, recalcaron. Hicieron un llamado a la academia, a la solidaridad nacional e internacional, para que apoyen su causa, que es justa.


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