Congreso

Aprueba Cámara de Diputados la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura

*El delito será imprescriptible y se perseguirá de oficio.


* *Penas de hasta 20 años de prisión

Redacción

SemMéxico. Cd de México. 20 de abril de 2017.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y de la Ley de Extradición Internacional.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, apuntó que con la reforma se crea el Mecanismo Nacional de Prevención y pone en marcha el Programa Nacional de Trabajo Interinstitucional, además de que se establecen mayores candados y controles para evitar la comisión de este delito.

La minuta fue avalada en lo general con 417 votos, pero se realizaron modificaciones basadas en las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo que la minuta se devolvió al Senado de la República, quien definirá si las aprueba.

El objetivo de la ley y las reformas a las diversas normas legales “es combatir y erradicar la deleznable práctica dela tortura en nuestro país”, además puntualizó que con la nueva ley quedará prohibida la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura.

El legislador priista destacó que según estudios la ciudadanía justifica el uso de la tortura, ya que de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de las personas entrevistadas coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.

Además, un estudio de Amnistía Internacional refleja un “similar resultado”, con un “36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía”, lamentó.

La diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, subrayó que con estas reformas se logra corregir un retraso legislativo, pues la tortura en México es persistente y está fuera del control.

“Esta ley es gracias a las luchas de familiares de desaparecidos, víctimas, a gente que aún está presa de manera injusta, sobrevivientes, a todas las organizaciones sociales que han denunciado la tortura por décadas, como la compañera Rosario Ibarra de Piedra que buscó a los hijos, algunas mujeres tuvieron suerte y los encontraron con vida para relatar los horrores de la tortura. Esta ley es de ellos”, sostuvo.

Indicó que “el abuso sexual, las vejaciones, el maltrato físico y psicológico son algunas de las escenas que se repiten contra mujeres y hombres en prácticamente todas las entidades federativas por integrantes de corporaciones policiacas y militares”.

Al fijar la postura del Partido Encuentro Social, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola aseguró que la nueva ley “ordena que sea investigada y perseguida de oficio, prevé que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; podrá aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad. No podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible”.

La diputada Karina Sánchez Ruiz, del Partido Nueva Alianza, explicó que este nuevo marco legal prevé medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas; todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género, transparencia, y acceso a la información pública.

“Es de reconocer que con esta ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio; tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad”, destacó.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, delMovimiento Ciudadano, comentó que el dictamen contempla dos tipos penales: el delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión.

“Es relevante resaltar que los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito, porque en la actualidad existía por supuesto encubrimiento por parte de los mismos superiores jerárquicos y que en muchas ocasiones se llevaba a la justicia, cuando así era, solo a los bajos niveles que cometían este tipo de ilícitos”.

La diputada Ernestina Godoy Ramos, de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), subrayó que “en México todos torturan, los municipales, los ministeriales, los federales, los marinos, los militares, los criminales”; según la ONU, apuntó, el 99.6 por ciento de los casos queda resguardado en la impunidad.

La diputada Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México, recalcó que esta ley incluye los estándares internacionales más altos como los de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal”, agregó.

La diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD, dijo que ahora también será posible que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia, “las personas que hayan cometido ese delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía”.

Celebró que se darán penas de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares que cometan este delito, lo cual puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.

La diputada Ema Margarita Alemán Olvera, de Acción Nacional, acusó que la tortura se convirtió en mal endémico en conductas pseudo investigativas, que carcomió a todo el sistema de justicia, lo que derivó en cantidades inimaginables de encarcelamientos injustos y de un contexto masivo de violaciones a derechos humanos en nuestro país, incluso en los últimos años.

El diputado priista Carlos Iriarte Mercado apuntó que con esta reforma se flexibiliza la investigación y persecución del delito, y puede originarse por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. “Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación”.

También lamentó que según cifras de Amnistía Internacional “entre 2003 y 2013 se incrementó el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en un 600 por ciento, y en los primeros cuatro años de esta década se recibieron siete mil 741 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

La diputada Claudia Corichi García, del Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de crear el registro nacional de este delito como herramienta fundamental de investigación e información estadística, sobre todo en los casos en que se denuncie o investiguen hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, resaltó que hoy se dan facultades a la Federación para que intervenga en casos de tortura, incluso de manera oficiosa sobre investigaciones de los estados y municipios; se subsana una laguna legal, cuando para obtener los medios de convicción y de prueba, estos eran obtenidos a través de intimidación, tortura o presión psicológica.

Desde su curul, la diputada perredista Cecilia Soto González precisó que al endurecer el castigo por este delito, “también se habla por aquellos funcionarios públicos del Ministerio Público, de la Procuraduría, de las policías, que son obligados a torturar”.
AM/GR

Comment Box is loading comments...