Congreso

Necesario tipificar como delito la violencia política en razón de género

*Conversatorio “Democracia sin violencia política contra las mujeres”


* *La minuta sobre violencia política debería incluirlo

Alicia Mendoza

SemMéxico. Cd. de México. 19 de abril de 2017.- La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que la minuta proveniente del Senado sobre violencia política en razón de género es un avance, aunque debería ser “enriquecida”, porque no se “señala específicamente como un tipo penal la violencia política y no se establecen ni medidas cautelares ni reparación del daño”.

Durante el Conversatorio “Democracia sin violencia política contra las mujeres”, organizado por la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género de la Cámara de Diputados, las expertas y expertos participantes coincidieron, a pesar de considerar como un avance en la materia, que dicha minuta debería incluir la tipificación de la violencia política como delito y como agravante en los delitos contemplados en el Código Penal Federal.

El pasado 9 de marzo, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que reforma cinco leyes, principalmente en materia electoral, para sancionar y enfrentar la violencia política en razón de género contra las mujeres, éste se remitió a la Cámara de Diputados y actualmente las comisiones unidas de Gobernación y de Igualdad de Género lo analizan para su dictaminación.

En el conversatorio que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tanto la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión Especial; como Adriana Margarita Favela Herrera, consejera del Institutos Nacional Electoral (INE); así como Paula Adriana Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo; Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Francisco Martínez Neri, consideraron que la violencia política debe ser tipificada como delito.

Así, la diputada presidenta Murguía Gutiérrez dijo que “la minuta que nos llega del Senado se queda corta, necesitamos ir más allá, quizá hay aspectos en los que no se pudo avanzar a lo que aspiramos las mujeres”.

No obstante, dijo, es un avance porque define lo que tiene que entenderse por violencia política en razón de género, establece el principio de no violencia como un principio fundamental al que estamos obligados todos los ciudadanos.

Además, agregó la minuta “le da facultades y mecanismos al INE para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en el caso de la FEPADE también la faculta para promover y proteger el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y amplía la obligación de los partidos políticos de hacer efectiva la participación de las mujeres”.

“El gran reto es hacer llegar, a las integrantes de las comisiones unidas que van a dictaminar la minuta, estas observaciones y los análisis jurídicos, para analizar de ser posible enriquecer la minuta que el Senado nos está mandando”, dijo.

Por su parte, la diputada Maricela Contreras urgió a las y los diputados a aprobar la minuta del Senado en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril; asimismo afirmó que es “indispensable sumar esfuerzos y voluntades para concretar acciones y considerar a la violencia política como un delito”.

La legisladora perredista solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y al presidente de la JUCOPO hacer la vinculación con el Senado “para acordar las vías para que si la Cámara de Diputados hace modificaciones a la minuta”, estas se aprueben en aquella instancia legislativa.

La consejera Adriana Soto sostuvo también que para el INE la minuta “es favorable, pero desde el punto de vista penal falta que se tipifique la violencia política de género como un delito para que realmente se pueda actuar con mayor seguridad”.

“Deberíamos exigir que sea un tipo penal”, ya que “es una necesidad contemplar la violencia política como un delito, con independencia de los demás delitos que están contemplados en la Ley General de Delitos Electorales e independientemente de que se agraven las penas cuando estos delitos están dirigidos contra las mujeres”, dijo.

Explicó que hoy día la FEPADE tiene dificultades para poder encausar una denuncia por violencia política de género en algunos de los tipos penales que actualmente se tienen, “el problema es que cuando se lleva ese asunto ante un juez penal, éste se niega a emitir un auto de formal prisión para que se pueda actuar, porque no se tiene previsto ese tipo penal propiamente dicho. Tienen que encuadrar lo que están denunciando las mujeres con algún otro tipo de delito”.

Para la representante del INMUJERES, Paula Adriana Soto, aunque también coincidió en que es un avance sustancial, precisó que no es suficiente

“Sin duda esta minuta no es suficiente para atender, prevenir y mucho menos para erradicar la violencia política que se ejerce todos los días en contra de las mujeres que han decidido participar políticamente y ejercer nuestro derecho a estar tomando y ser parte de las decisiones públicas”, indicó.

Además, dijo “en esta minuta al INMUJERES no se nos reconoce ningún tipo de responsabilidad o facultad para la promoción de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Es una omisión gravísima por parte del Senado no tomar a la instancia rectora de los derechos de las mujeres en la política nacional”.

“Desde el INMUJERES creemos que debe haber un tipo penal de la violencia política, la Ley en Materia de Delitos Electorales no se puede quedar como está sin reconocer como delito la violencia política y sus manifestaciones. Tiene que ser la violencia política un agravante a los delitos contenidos en el Código Penal, porque no solamente es electoral”, existen mujeres que sufren acoso sexual, violación sexual, asesinatos en la búsqueda de ocupar un cargo de elección popular.

Señaló que antes de la siguiente contienda electoral federal debería aprobarse la minuta, ya que “no podemos volver a enfrentarnos a un proceso electoral federal sin reconocer el fenómeno de la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres”.

Por lo que hizo un llamado “a que se pudieran convocar a esta alianza y trabajo en conjunto con el Senado para lograr la plena garantía de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres”.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres, consideró que las leyes mexicanas deben contener una definición clara de violencia política de género, medidas de prevención en campañas electorales, y sanciones administrativas y penales.

Agregó que existe una falta de acceso equitativo para las mujeres candidatas a los medios de comunicación, ya que normalmente se destina menos tiempo para ellas y se banalizan su propuestas, además, se enfrentan a la ciberviolencia, manifestación que va en aumento.

“Se necesita un marco jurídico claro para las próximas elecciones, contundente, protector y garante de derechos humanos”, recalcó.

De igual forma, Francisco Martínez Neri, también coordinador del PRD, llamó a los partidos políticos para que allanen el camino de participación política de las mujeres, “y pongan un límite a los obstáculos y trampas que crean para no cumplir con la ley”.

Martínez Neri manifestó que para garantizar de manera efectiva los derechos políticos de las mujeres, “la Cámara de Diputados debatirá, enriquecerá y aprobará a la brevedad las reformas propuestas por el Senado”.

Finalmente, Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, declaró igualmente que es necesario incorporar como tipo penal todas las hipótesis donde se restrinja el ejercicio de un cargo público o el acceso a los derechos políticos de las mujeres, más allá de la jornada electoral.

Explicó que la violencia política de género no está circunscrita sólo a la temporalidad del proceso electoral, porque el derecho político no sólo tiene que ver con la jornada electoral o con el acceso al cargo de elección popular, sino también con el ejercicio de éste, desde que inicia y hasta que finaliza.



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