Mujeres

Sólo 62 abortos legales por violación en 8 años: GIRE

Sólo 62 abortos legales por violación en 8 años: GIRE


* Lanzan Campaña en América Latina Niñas, no madres Alicia Mendoza

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 23 noviembre 2016.- Al presentar el informe Violencia sin Interrupción, Regina Támes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que de 2009 a junio de 2016 autoridades de salud registran sólo 62 abortos legales por violación en el país, pese a que existen más de 70 mil 630 mil denuncias de abuso sexual en el país.

En vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, GIRE, Amnistía Internacional, Clacai y Planned Parenthood Global, lanzaron la campaña latinoamericana Niñas, no madres, para denunciar la violencia que sufren niñas en la región al ser forzadas a concluir embarazos, resultado de la violación sexual, y convertirse en madres.

El objetivo de la campaña es visibilizar que la maternidad forzada en niñas, que es una violación a sus derechos humanos, sigue sucediendo en América Latina, única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas y donde el 40 por ciento de las adolescentes ha sido abusada sexualmente, apuntaron las organizaciones.

Juliana Cano de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional resaltó que “más de la mitad de los embarazos no deseados pasan en América Latina y en 2016 el embarazo en niñas sigue siendo un problema”.

“Venimos a presentar una campaña sobre un tema por el que las feministas y mujeres han luchado por más de 50 años. Y aún tenemos que presentar una campaña, Niñas, no madres, porque los gobiernos y las personas de los hospitales no están entendiendo que esto es violencia contra las mujeres que viene desde el Estado. Los gobiernos y los hospitales públicos están generando esta violencia contra las mujeres”, dijo.

28 mil denuncias de violación a menores de 15 años De acuerdo con el informe que también presentó GIRE, tan sólo en México se han registrado más de 28 mil denuncias por violación a niñas menores de 15 años y tan sólo a 8.5 por ciento se le ofreció anticoncepción de emergencia.

El informe Violencia sin Interrupción revela que de enero 2009 al 30 de junio de 2016, se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República.

Para elaborar está investigación GIRE realizó más de 550 solicitudes de acceso a la información a procuradurías, secretarías de salud a nivel federal y local, informó Regina Támes.

Además, señaló “un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dice que por lo menos existen 600 mil denuncias de abuso sexual en el país cada año, pero esto sólo representa menos del 10 por ciento del total de estos delitos. El 40 por ciento de estas denuncias ocurren por parte de niñas menores de 15 años. Y el 60 por ciento de las veces sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas”, informó la directora de GIRE.

“Lo más alarmante es que muchas de estas niñas quedan embarazadas. Y a pesar de que el aborto por violación es legal en el país, no les permiten la posibilidad de interrumpir el embarazo.” “La implementación de la norma es un grave problema que tenemos que seguir denunciando. Porque el Estado y en particular las secretarías de salud no quieren interrumpir el embarazo. No se conmueven frente a estas historias y prefieren que estas niñas se conviertan en madres, a pesar de los riesgos físicos emocionales y lo que significa en su proyecto de vida, a autorizar una interrupción legal por violación”, denunció Regina Tamés.

A pesar de que existe un respaldo de la ley para que las niñas puedan acceder al aborto legal por violación, pues existen, apuntó, “la Ley General de Víctimas, la NOM 046-SSA2-2005 y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, pero la “Secretaría de Salud federa, el IMSS, el ISSSTE nos dicen que ellos no han realizado abortos por violación”, dijo.

Contrastante realidad En total, en casi ocho años, detalló Regina Támes, el Estado sólo reporta 62 abortos por violación, cifra que contrasta con la magnitud de la violencia sexual que existe en contra de las mujeres. El informe también presenta los acompañamientos jurídicos que ha realizado GIRE a mujeres y a niñas que han sido obligadas a seguir un embarazo por violación y que no pudieron interrumpirlo en sus estados de origen.

La directora de GIRE dio a conocer que han presentado un total de 19 amparos para que se garantice el acceso a la justicia a mujeres y niñas a las que las autoridades no les permitieron abortar en sus estados, por lo que tuvieron que viajar a la Ciudad de México a practicarse un aborto legal por violación.

“Estamos acompañando jurídicamente a estas mujeres porque aunque pudieron abortar (en la Ciudad de México), hubo una negativa del estado donde viven. Y tenemos negativas de todos los estados. Estamos presentando amparos para exigir acceso a la justicia, porque tenemos que exigir que estos casos no queden en la impunidad”.

Aunque, dijo “la mayoría de estos amparos han sido sobreseídos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha querido empezar a estudiar estos casos, y eso indica que no tenemos suficientes mecanismos tampoco para garantizar que estas niñas, que ya han sufrido violaciones, tengan acceso a la justicia”.

De acuerdo con la página de GIRE, donde se puede consultar el informe, “el embarazo adolescente trunca el curso de la niñez y de su formación escolar, lo que agrava la situación de pobreza y marginación en la que pueden estar inmersas”.

Además, explica GIRE en su sitio web, este año “se modificó la NOM 046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual y contra las mujeres de tal manera que hoy —en teoría—, en todo el país, una mujer o niña mayor de 12 años que haya sufrido una agresión sexual y resulte embarazada, tiene el derecho de acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización por parte de autoridad alguna (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a.”

“Sin embargo, y aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y un embarazo que nunca debieron haber sufrido.”

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