Congreso

Repudian Diputadas amparo de juez González Hemadi

No solo agravia a la menor sino al sistema judicial


* Exigen aplicar Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género

Alicia Mendoza

SemMéxico, Cd. de México, 5 abril 2017.- En el Pleno de la Cámara de Diputados se repudió el amparo del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en Veracruz, Anuar González Hemadi, que otorgó a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los cuatro acusados de violar a la menor de edad Daphne N, en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz.
En sesión de este miércoles, las y los legisladores de todas las fracciones parlamentarias pasaron a la tribuna para fijar sus posturas en contra de esta resolución judicial, y por la cual el juez ya fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, desde el pasado 29 de marzo, dos días después de darse a conocer dicho amparo.
Al iniciar la sesión de hoy la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva, informó que existía un punto del orden del día referente a los “Comentarios de resoluciones judiciales en el estado de Veracruz”, posteriormente llamó a la tribuna a diputadas y diputados, representantes de cada partido político.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, sostuvo que “el contenido del amparo refleja indignantemente la poca consideración no só
olo de los derechos de la menor implicada, sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género que tanto el Poder Judicial está obligado a cumplir como los convenios y acuerdos internacionales en la materia”.
Recordó que México es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, denominada Convención Belém do Pará, en la que se especifica en el artículo 7 que los estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por lo tanto, dijo, “este amparo del Juez Anuar no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país”.
“En la investigación ministerial se desprende que el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad, fue uno de éstos Diego Cruz, le tocó los senos, le metía las manos debajo de la falda y le introdujo los dedos debajo del calzón y en la vagina, aun así el juez no observó intención lasciva, ni que Cruz tuviera la intención de copular, considera lo sucedido como un frotamiento incidental y no como abuso sexual. Esto que hace el juez es violentar los derechos de la menor”, puntualizó.
“Debería preocuparnos, como Cámara, que la ley no se cumpla, que se violentan los derechos de las mujeres y que no se haga justicia. El Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia de amparo y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos”, manifestó.
Y solicitó apoyo para el juicio político contra el juez Anuar González, que promovieron cuatro diputados de Movimiento Ciudadano, “con base en la Ley General de Servidores Públicos y en la Constitución Política tiene obligaciones fundamentales como juzgador y que no puede favorecer conductas criminales, pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos”.
En su turno, la diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, informó que mañana “jueves estaremos con el gobernador de Veracruz, diputadas de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género y seremos firmes, no debe haber impunidad en el caso de Daphne, ni en ninguno otro”.
Recalcó la importancia de “combatir la corrupción del Poder Judicial. El Poder Judicial no está juzgando con perspectiva de género y tampoco en este caso está atendiendo al bien superior del menor”.
La legisladora cuestionó “¿qué está haciendo con Consejo de la Judicatura para capacitar? Porque se han destinado muchos recursos desde esta Cámara de Diputados para la capacitación del Poder Judicial. No están dando resultados”.
Al lamentar que “la cultura social e institucional que hace posible que la violencia contra las mujeres se esté recrudeciendo”, señaló que “en México el 99 por ciento de los delitos no se castigan, estamos en un sistema de justicia que premia la delincuencia con la impunidad y si son delitos contra mujeres se dictan resoluciones que son una verdadera burla y falta de respeto, así de grave es el problema y se insiste en seguir alimentándolo”.
Repasó los recientes casos de violencia contra mujeres en el país, “amanecemos con noticias de asesinatos porque el marido quema a su esposa en Oaxaca o que una joven fue violada por cuatro estudiantes en la Universidad La Salle. Con una madre que es asesinada en la puerta de su casa por defender la custodia de sus hijas en Mérida. Así las cosas, para las mujeres en México. Una realidad donde se conjuga la corrupción, la impunidad, la misoginia y el podrido de un sistema de procuración e impartición justicia para las mujeres”.
Dijo que “es necesario cambiar el doble discurso que se tiene incluso en esta Cámara de Diputados, ahora sí condenamos un caso de abuso sexual, pero hace días se negaron a votar un dictamen que garantiza a las mujeres violadas la interrupción del embarazo cuando hay violación, que es la aplicación de la Norma 046, no solo en el caso de Los Porkys, es todo un sistema y cultura que debemos transformar”.
Además, que “pudimos nombrar dos mujeres al Instituto Nacional Electoral, aquí el pues el PAN no quiso nombrar a una mujer que pudiera haber hecho la diferencia y empezar a tener la paridad. Justicia para las mujeres”, concluyó.
Al tomar la palabra, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “resuelva la procedencia del juicio de amparo que hemos mencionado aquí, 159/2017”, además que “haga uso de su facultad de atracción y resuelva el caso de Daphne como un medio excepcional de control de la legalidad, para que pueda darnos la certeza jurídica y que la justicia llegue a la víctima”.
Asimismo, pidió a la SCJN que haga uso también de un mayor esfuerzo para capacitar en perspectiva de género a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y que se aplique realmente el protocolo que tiene ya muchísimos años en vigencia y aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es juzgar con perspectiva de género”.
También en tribuna, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza aseguró que el amparo “amplía la indignación y no deja satisfecha a una sociedad, que está cansada de la impunidad”, y que “los derechos no se negocian, los derechos se hacen valer”, manifestó.
Al fijar la opinión del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Lia Limón García también explicó que desde “2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, con él “los juzgadores deben de cuestionar los estereotipos que puedan existir en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria”.
“Condenamos la decisión del juez y hacemos un llamado sin duda alguna a que se profundice en la capacitación que lleva a cabo el Instituto de la Judicatura y todas las instancias del Poder Judicial, en materia de perspectiva de género, y a que verdaderamente se aplique”, indicó.
La diputada panista Kathia María Bolio Pinelo, señaló que “el llamado caso de los porkys es fruto de la impunidad y la prepotencia que impera en gran parte del territorio nacional”.
Por lo que hizo “un llamado enérgico a que esta instancia judicial correspondiente eche abajo aberrante sentencia para garantizar el acceso a la justicia y a un debido proceso para Daphne, su familia y la sociedad en la que todos estamos inmersos”.
“Nos parece pertinente que además de analizar la sentencia favorable a Diego Cruz, el consejo aproveche para determinar si el juzgador incurrió en otras presuntas irregularidades en el ejercicio de su desempeño”, dijo.
“El caso de Veracruz es uno más de los actos que dan vergüenza y focalizamos estrictamente el Poder Judicial”, mencionó el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.
Hoy se reclama justicia, agregó el legislador, porque “en este país el Poder Judicial pareciera intocable. El Ejecutivo, el Legislativo, altamente criticados incluso por sus remuneraciones; sin embargo, los magistrados, los ministros, los jueces, ganan mucho más y no se justifica por ningún motivo en ninguno de los integrantes de los tres poderes no hacer justicia a la sociedad”.
A su vez, el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Movimiento de Regeneración Nacional, aseveró que el juez “antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito sin la perspectiva de género que ya se establece en la tesis jurisprudencial 22/2016, emitida por la Primera Sala y publicada en abril del año pasado”.
“Exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal actúe con toda severidad, porque aún en el caso el juez tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes”.
Antes de la sesión, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, consideró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actuó “con sensibilidad y oportunidad” al suspender de sus funciones al juez Anuar González Hemadi.















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