Internacional

Tribunales sin igualdad

Pedirán al Estado Español más participación de mujeres en Tribunal Europeo


* Un paso más en la reivindicación de una sociedad igualitaria

Gloría López , corresponsal

SemMéxico/Amecopress, Madrid, 4 abril 2017.- El Tribunal Constitucional ha cerrado su duodécima renovación desde su creación en 1980 en su defensa de los valores de la Carta Magna con un intento frustrado por parte de sectores progresistas y feministas de la judicatura de que se lograra una mayor incorporación de la mujer a esta institución que vela por la Constitución de 1978. Sólo tres diputados autonómicos de un total de 137 diputados y diputadas y una senadora han atendido la reclamación de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE), presidida por Gloria Poyatos. La asociación ha iniciado una nueva campaña para pedir que el Estado español promueva la participación de mujeres en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Dicha asociación pidió a través del manifiesto ‘Un Tribunal Constitucional equilibrado’, que el TC cubriera con mujeres los cuatro puestos vacantes a propuesta de los parlamentos autonómicos y designados por el Senado. Una iniciativa que ha fracasado por completo después de que solo se haya nombrado una mujer posible de cuatro.
“Cierto que esta vez no lo hemos conseguido, pero hemos dado conjuntamente un paso en la reivindicación de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Seguiremos caminando para entre todas y todos conseguir esa meta”, apuntan desde la Asociación de Mujeres Juezas.
El Pleno del TC cerró la pasada semana su renovación tras incorporar a los tres magistrados y la magistrada designados por el Senado y las cámaras autonómicas (Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer). La duodécima renovación en sus 37 años de historia se cierra con el nombramiento del conservador Juan José González Rivas como nuevo presidente del TC.
Más de medio centenar de organismos
El manifiesto elaborado por la Asociación de Mujeres Juezas ha recibido durante su campaña el apoyo de 56 asociaciones y entidades, así como de un total de seis mil 80 personas, “todas ellas representativas de un amplio espectro social y de la voluntad popular de cambio en materia de igualdad”, apuntan las juezas.
La campaña se inició el pasado diciembre y para ello la AMJE remitió correos electrónicos a un total de 137 diputadas y diputados de los parlamentos autonómicos con la intención prioritaria de que el Senado incluyera candidatas para magistradas del Tribunal Constitucional. “Solo tres diputados nos respondieron”.
El pasado 26 de febrero, poco antes de que se procediera a su elección, enviaron también otro correo a 38 senadores y senadoras de los distintos grupos políticos. En esta carta, las juezas adjuntaban el listado con los nombres de todas las personas y asociaciones que firmaron el manifiesto. “Recibimos respuesta únicamente de una senadora”, señalan desde la asociación.
El Boletín Oficial del Estado del pasado 11 de marzo publicó el nombramiento de tres magistrados y una magistrada para ocupar las cuatro plazas del Tribunal Constitucional. Finalmente, la composición de este tribunal –“que debe garantizar el derecho fundamental a la igualdad”, recuerdan las juezas–, estará compuesto como hasta ahora por dos mujeres magistradas y 10 hombres magistrados.
“Lo positivo es que por primera vez se está visibilizando esta anomalía democrática que supone la vulneración del principio de igualdad en la composición de un Tribunal tan decisivo como el Constitucional”, afirma Gloria Poyatos.
El Tribunal Constitucional “es casi un cuarto poder”, explica la jueza, “tiene capacidad para anular leyes aprobadas por el Congreso, sentencias del Tribunal Supremo y resoluciones del Ejecutivo”. Somos “escrupulosos con las listas electorales, pero descuidamos la exigencia de la paridad en los Tribunales”. Y esto conduce a situaciones como la que se producirá en breve: una mayoría masculina de magistrados se pronunciará sobre un asunto como el aborto, “una excentricidad en clave de igualdad”, dice Poyatos.
La desigualdad en la representación de mujeres y hombres es algo que se repite en todas las cúpulas donde se toman decisiones que mueven el mundo. Tras la reclamación relacionada con el Tribunal Constitucional, que ha concluido sin éxito, la Asociación de Mujeres Juezas dirige su atención al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como “Tribunal de Estrasburgo”, es el Tribunal Internacional del Consejo de Europa encargado de garantizar la observancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado en Roma en 1950, el más antiguo de los documentos internacionales vinculantes de derechos humanos. El TEDH es, por tanto, la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa. Cualquier persona, nacional de los Estados parte del Convenio o no, que considere haber sido víctima de una violación de los derechos en él reconocidos por parte de un Estado firmante del Convenio, puede presentar una demanda contra él, previo agotamiento de los recursos judiciales internos. El Convenio fue ratificado por España el 4 de octubre de mil 979, por tanto el TEDH es, también, un Tribunal con jurisdicción en nuestro país y sobre nuestras instituciones, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. A pesar de su importancia, nunca ha habido una mujer propuesta por España.
“Pero España no es un país habitado exclusivamente por hombres, o carente de mujeres con méritos, capacidad y aptitudes para desempeñar tal alto cargo”, aseguran desde la Asociación de Mujeres Juezas. “Lamentablemente, el nuestro no es el único país que no ha tenido nunca una mujer jueza en Estrasburgo. Nos acompañan en ese dudoso honor otros 21 Estados Parte”.
El 31 de enero de 2017 expiró el mandato del magistrado español en el TEDH, Luis López Guerra, habiéndose solicitado por nuestro país una prórroga de seis meses para designar personas candidatas, que ya ha sido aprobada por la Asamblea Parlamentaria Europea.
El 31 de enero de 2017 fue publicada en el BOE, la Resolución de 25 de enero de 2017, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, que establece “pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Entre dichas “pautas” se incluye algo insólito hasta el momento: una limitación de edad, que se fija en 61 años.
En un comunicado, la organización explica que ello “supone una discriminación por razón de edad carente de razonabilidad, justificación y abiertamente inconstitucional”, siguiendo los criterios fijados por nuestro propio Tribunal Constitucional (Sentencia del TC 117/2011), pues la limitación de edad en el TEDH es notablemente superior (70 años). No solo la justicia constitucional pone límites a las exclusiones por razón de edad. Lo hace también el otro órgano, hoy garante de derechos en el sistema de protección multinivel de los derechos humanos: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De otro lado, la limitación de edad “es también un elemento de discriminación indirecta por razón de género para el colectivo de juezas españolas que tuvieron prohibido por ley el acceso a la Judicatura hasta el año 1.966 (discriminación directa). Por ello, iniciaron más tarde su carrera profesional y por tanto la acumulación de méritos profesionales para optar a esta reconocida candidatura.
Tampoco podemos olvidar lo habitual que resulta que una mujer tarde más años, y por tanto tenga mas edad, en alcanzar un nivel de méritos similar al de sus compañeros varones, pues en no pocas ocasiones durante su vida profesional asumirá responsabilidades familiares y de cuidado que, ante la falta de corresponsabilidad y su hasta hoy nulo reconocimiento curricular, retrasarán su proceso de formación, al menos en aquella parte de la formación humana que a día de hoy se valora para acceder a cargos públicos”.
Desde AMJE reivindican “una verdadera participación de las mujeres en todas las Instituciones, Entidades y Tribunales Internacionales, especialmente el TEDH, desde donde se dirimen todos los recursos que afectan a los derechos civiles y políticos de las personas, unas personas que se integran en una sociedad compuesta en un 50% por mujeres, a pesar de su absoluta invisibilidad en el caso del Estado español y su escasa participación en el seno de un Tribunal llamado de los derechos Humanos”.
Por ello, desde la AMJE solicitan del Gobierno la eliminación de la limitación de edad de las personas candidatas y la inclusión de más mujeres en la terna, que posibilite, por primera vez en la historia, la designa de una mujer que represente al estado español en tan alta magistratura internacional. “Los derechos Humanos son derechos de las Mujeres y los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos”, concluyen desde la asociación.




Comment Box is loading comments...