Reportajes

Encubre CONACYT a hostigador sexual

Enrique González Ruiz fue considerado como candidato para contender por la presidencia del COLSAN.


* CONACYT señala que González Ruiz tiene “reconocida calidad ética”.

Gabriela Ramírez

SemMéxico. Cd. de México. 27 de marzo de 2017.- A pesar de que las universidades hacen un esfuerzo por atender y eliminar el hostigamiento sexual, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) acríticamente acepta a un hostigador sexual como probable presidente del Colegio de San Luis (COLSAN).

Enrique González Ruiz fue considerado recientemente por autoridades del CONACYT como candidato idóneo para contender por la presidencia del COLSAN, a lo que organizaciones y personal de áreas especializadas en género de centros de investigaciones y universidades de nueve entidades federativas, protestaron.

El CONACYT, a pesar de que su Programa Institucional 2014-2018 establece que está obligado a trabajar por la igualdad sustantiva, demeritó el hecho de que González Ruiz fue separado de su cargo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en 2014 por hostigar sexual y laboralmente a dos profesoras, caso que sigue vigente en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que él busca la reinstalación.

Aunque se determinó que el presidente del COLSAN fuera David Vázquez, en el proceso Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de Centros de Investigación del CONACYT, señaló que González Ruiz no tenía ningún impedimento para ser candidato a presidir dicho centro de investigación, según consta en una nota publicada en La Jornada de San Luis el 16 de febrero de 2017.

Ante estas declaraciones, organizaciones y académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la UACM, del Colegio de México, del Colegio de la frontera norte, de la Universidad Veracruzana y del Colegio de San Luis Potosí dirigieron una carta al director del CONACYT, el Doctor Enrique Cabrero.

En el documento se explica el procedimiento en contra de González Ruiz y señala que “Si el CONACYT no toma en cuenta las investigaciones y sanciones que realizan los Centros de Investigación y Educativos como referentes y criterios para valorar a candidatos para presidir o dirigir dichos espacios, consideramos que se estaría incurriendo en una gran incoherencia”.

El CONACYT respondió el 15 de marzo con una carta firmada por Salvador E. Lluch Cota, director de Coordinación Sectorial, en donde explica que los candidatos - todos varones-, cumplían “con la totalidad de los requisitos solicitados”, entre los que destaca “ser de reconocida calidad ética”.

“Los candidatos cumplieron en totalidad los requisitos solicitados, incluyendo en particular el oficio de no habilitación, emitido por autoridad competente para este punto como es la Secretaría de Función Pública” responde el CONACYT.

Sobre esta actitud, el Instituto Nacional de las Mujeres solicitará una reunión con el director del CONACYT, según informó Paz López, Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género, quien además señaló el Consejo trabaja en el desarrollo de un protocolo contra el hostigamiento sexual.

El caso de González Ruiz como muchos otros, han obligado a las universidades a desarrollar protocolos para la atención de la violencia de género así como ocurrió en el gobierno federal que publicó en noviembre de 2016 el Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal.

El avance, todavía incipiente, ha estado marcado por la exigencia y por la denuncia de estudiantes, profesoras en los espacios universitarios que utilizando los mecanismos vigentes -pero no especializados en el tema- o los mecanismos de denuncia social, han logrado colocar el tema en las mesas de trabajo de las autoridades universitarias.

Sin embargo los avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.

Al respecto, la abogada Andrea Medina Rosas, explicó en entrevista que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada con la posibilidad de representar instancias educativas.

“Hay un vacío legal ya que nada obliga a instancias como el CONACYT a reconocer lo que surge de procesos administrativos como el que se emprendió en contra de González Ruiz en la UACM, pero eso frena el avance que se tiene al interior de las universidades porque un agresor fácilmente puede obtener un cargo en otra institución”.

No puede ser, señala, Andrea Medina Rosas que las autoridades del CONACYT consideren que una persona que ha sido inhabilitada por hostigamiento sexual y laboral tenga una “reconocida calidad ética”.

Avances en la atención de la violencia de género

Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en México se cometen alrededor de 600 mil delitos sexuales al año. De acuerdo al Diagnóstico sobre la atención a la violencia sexual en México, entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas con mayor frecuencia, son las estudiantes (25.6 por ciento de los casos).

Ante ésta situación, La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos para la atención de la violencia de género.

En la UNAM, la doctora Martha Ferreyra señaló en entrevista que desde la implementación de este protocolo en agosto de 2016, las denuncias se han duplicado. Y destacó que “no sólo es el protocolo, sino que está acompañado de otras acciones para sensibilizar sobre la violencia de género”.

Es el caso de la UAM, en la que a pesar de no contar con un protocolo especializado, desde 2011, cuenta con la iniciativa “Cuerpos que importan” dentro de la unidad Xochimilco, ahora programa institucional, que pone a la institución a la vanguardia, con un programa de prevención y promoción para evitar la violencia contra las mujeres, informó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, responsable del programa.

Además, explicó Huacuz, se ha conformado una red de Instituciones de Educación Superior, donde se discuten métodos de intervención y tratamiento de la violencia por motivos de género en las universidades públicas: protocolos de intervención, promoción de mecanismos legales, constitución de comités de ética, observatorios; en fin, todas aquellas acciones que den respuesta a esta problemática.

La propia UACM, en su gestión interina de los años 2013 y 2014 creó mecanismos efectivos de investigación de la violencia de género, apoyándose en comités de personas especializadas en la problemática, así como estableciendo partidas presupuestales específicas para la debida investigación y atención de quienes denunciaran.

El caso de González Ruiz y su rescisión laboral por hostigamiento laboral y sexual fue producto de un proceso que se construyó aplicando las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos en el que, a pesar de no contar con un protocolo per se, se avanzó gracias a ese contexto de voluntad política de las autoridades.

PD: Maria de la Paz López no declaró, nos referimos al trabajo de asesoría que hace el Inmujeres con todas las instituciones, a ninguna declaración especifica ya que no fue entrevistada, pedimos un disculpa a nuestros lectores.

Atentamente

Sara Lovera López

Directora

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