Mujeres

Urgente debate de gasto público con perspectiva de derechos humanos

* Se debe buscar que se concrete la idea de aprobar recursos “en una base de igualdad de oportunidades”.


* La elaboración del presupuesto no sólo en México sino en América Latina “es bastante inercial” pues responde a intereses particulares.

María García corresponsal

SemMéxico. Cd. de México. 23 de marzo de 2017.- Para Fundar, la Fundación Ford, la CEPAL, OXFAM-México y la UNAM, en la discusión de los presupuestos públicos nacionales se debe incluir un debate del gasto público con perspectiva de derechos humanos y de género en los sistemas fiscales, denominándolo “justicia presupuestal”.
Durante la mesa redonda “Presupuestos públicos para la garantía de los derechos humanos, sociales y culturales”, realizado en el auditorio Dr. Guillermo Floris Margadant, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Helena Hofbauer, representante de la Fundación Ford, se refirió a la traducción del libro que escribió junto a Ann Blyberg: “Construyendo un refugio para la humanidad. Presupuesta lo más importante primero”, pues en el se hacen reflexiones sobre la utilidad de redireccionar el gasto público y armonizar los derechos humanos con el presupuesto del país. “Ahí esta el concepto de justicia fiscal y de ahí partimos nosotros”, añadió.
Este libro que se puede encontrar en la página de Fundar, servirá para entender qué implican las obligaciones del Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el funcionamiento cotidiano de las instituciones presupuestarias del Estado y su relación con la sociedad.
“Se trata de un esfuerzo que sintetiza, de manera clara y contundente, un estudio de más de tres años en el que participaron ocho organizaciones de la sociedad civil del sur global. El estudio se basa en casos que ejemplifican el trabajo de organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo que utilizaron los argumentos de derechos humanos para mejorar la vida de diversas comunidades y personas”, señala el resumen del texto.
Al describir y plantear no solo las estrategias que fueron puestas en marcha por la sociedad civil sino cómo plantearon sus casos, esta información puede ser utilizada por diversos actores para incidir en cambios en las políticas públicas en beneficios de distintos sectores de la población, consideró Hofbauer.
A su vez, Carlos Brown, de OXFAM-México, resaltó que esta idea se analiza en su organización para que el Estado provea el acceso a los servicios públicos “donde se les relega o no son los adecuados para el caso de las mujeres, sobre todo en servicios de salud y seguridad social universal que guarda relación con el trabajo no remunerado”.
Por eso, consideró que debe buscar que se concrete la idea de aprobar recursos “en una base de igualdad de oportunidades” porque ahí está “el vinculo entre igualdad y derechos humanos”, pues el goce de los derechos humanos “no es efectivo si no hay una base económica”. De hecho, añadió, “la desigualdad económica restringe el acceso a las instituciones”.
Señaló que la elaboración del presupuesto no sólo en México sino en América Latina “es bastante inercial” pues responde a intereses particulares, lo cuál explica la desigualdad económica actual, pues esto “hace que ciertas personas sean quienes tengan mayor peso en la discusión política y eso es lo que viene afectando a los presupuestos nacionales. En esta idea de que la negociación del presupuesto es bastante oscura, opaca”.
Por su parte, Diego de la Mora, de Fundar, consideró que no hay impedimentos teóricos para condicionar los derechos de las personas, por lo menos en materia presupuestal. “Como todos sabemos, de todos los derechos derivan obligaciones presupuestales” y por eso se deben analizar desde otro punto de vista, más humano.
“La razón por la cuál se vinculan estos temas es porque pensamos que los presupuestos son las mejores formas de saber dónde están las prioridades del Estado. Para una organización que buscaba incidir en una mejor distribución y democratización del país era una cosa necesaria meterse a analizar los presupuestos y había que vincularlos no sólo con una redistribución económica, sino también con algo que fuera más allá e influyera en la calidad de vida de las personas y el marco de derecho daba esa posibilidad”, indicó.
A su vez, Pablo Yanes, representante de CEPAL, consideró que “a medida en que no cambien las grandes prioridades en una sociedad, pues es muy difícil modificar la lógica del presupuesto. En ese sentido, nos parece una vía muy prometedora lo que se está proponiendo de vincular el presupuesto con los derechos humanos, y que coincide con una iniciativa que hemos estado proponiendo en el seno de la CEPAL.
En su opinión, el problema es creer que “el gasto social es un asunto de vacas gordas, y que cuando vienen las vacas flacas pues hay que ajustar y con mucha frecuencia se ajusta en el gasto social”, a lo cuál se le debe, dijo, prestar mayor atención.
La otra discusión que hay que tener y que en América Latina oscila en ciclos es el papel de la política fiscal porque, agregó, no se puede analizar el presupuesto sin analizar la agenda pública. “No sólo es cómo se gasta, cuánto se gasta, sino también cuánto se recauda y cómo se recauda. Porque puede haber una lógica un poco problemática entre tener gasto progresivo y recaudación regresiva. Eso explica de alguna manera que algunos países de América Latina tengan unos niveles de recaudación muy altos y el efecto redistributivo del gasto sigue siendo muy bajo.
“Hay países donde probablemente ya llegaron al tope en términos de capacidad recaudatoria, pongamos el caso de Brasil, tiene el 34 por ciento, México tiene 19 por ciento, estamos hablando de una brecha inmensa. Argentina, Uruguay, pero no necesariamente la manera cómo recaudas es necesariamente progresiva y también recaudas un poco la manera como gastas”, agregó.




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