Vidas rotas

* El aborto por violación tendría que ser, por llamarlo de algún modo, en automático.


* El dictamen propone que cada estado de la República tenga programas de capacitación, evaluación al personal y que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM-046.

Soledad Jarquín Edgar

Mujeres y Política
SemMéxico. Oaxaca. 20 marzo 2017.- El aborto es legal en México, al menos de manera general en todas las entidades cuando la concepción sea producto de una violación. Pero solo el 0.08 por ciento de las más de 70 mil 600 denuncias por violación sexual interpuestas en las fiscalías o procuradurías de las entidades y de la propia Procuraduría General de la República, entre enero de 2009 y el 30 de junio de 2016, concluyeron en procedimientos de aborto.
El informe de GIRE “Violencia sin Interrupción” revela las dificultades que las mujeres y niñas enfrentan en México para hacer valer ese derecho, a pesar de que para ellas, sobre todo en las niñas, un parto producto de un embarazo forzado puede ser causa de muerte y deja a las sobrevivientes de la violencia sexual con la vida rota.
La razón no es simple. Legislar sobre aborto en México, en donde los códigos penales sustentan hasta ocho excepciones diferentes en las 32 entidades del país, donde hay leyes impactadas desde “la moral”, “la religiosidad”, “los prejuicios”, desde la perspectiva sexista y misógina, no da a las mujeres ningún valor para tomar una decisión ya no solo sobre su cuerpo sino sobre el resto de sus vidas.
Recién hablaba una querida amiga sobre el “sospechosismo” que –con razón- levanta el tema del aborto cada vez que lo traen a la mesa. ¿De qué nos quieren distraer ahora? Pregunta. Usted puede sacar sus propias conclusiones, temas nos sobran. Pero, es cierto, el aborto está en la mesa de la discusión en la Cámara de Diputados federal a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, “el ambiente generado” –que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación sexual.
Pero no hay que equivocarse, el dictamen no cambia en nada la legalidad de la interrupción del embarazo para las mujeres víctimas de violencia sexual, ha precisado la organización, quien aclara que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2- 2005, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
Son ocho, decía, las excepciones por las cuales el aborto es legal, en algunas entidades con más posibilidades que en otras. Pero el aborto por violación tendría que ser, por llamarlo de algún modo, en automático. Sin embargo, lo legal en muchas ocasiones no alcanza para que se aplique por razones “particulares” del personal de procuración de justicia y médico, y hay, como ya vimos, miles de víctimas de esa violencia y contamos gracias al trabajo de las organizaciones con testimonios de las víctimas en todo el país, sobre las dificultades para hacer efectivo ese derecho.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género, que está integrada por legisladoras (incluso un legislador) del PRI, PRD, PAN, MC y del PVEM, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM -046, regulación que debe o debería garantizar el acceso de niñas y mujeres a recibir atención adecuada cuando sufren violencia sexual, lo que incluye el aborto legal.
Ahora, el dictamen propone que cada estado de la República tenga programas de capacitación, evaluación al personal y que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM-046, porque ante los resultados (61 procedimientos de aborto en seis años, frente a miles de aberrantes violaciones) “reflejan el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y de la vida de las niñas y mujeres, obstaculizan los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron haber sufrido” (goo.gl/2pzOZZ).
No tiene, entonces, sentido tener derechos si esos derechos no son efectivos. Son meras ilusiones pensar que tenemos derechos si el personal de procuración de justicia o de las clínicas y hospitales públicos insisten en no ejecutar esas acciones y en poner obstáculos a las niñas y las mujeres.
Las cifras que GIRE revela en su estudio deberían ser motivo de vergüenza para las instituciones, cierto ahora la Comisión de Igualdad de Género ha tomado el toro por los cuernos, debe conseguir el objetivo. Y me gana el pesimismo con razón de sobra porque hasta donde recuerdo, en el caso de Oaxaca, han sido varias las organizaciones no gubernamentales que a lo largo de estos 20 años han realizado diversas acciones con las dependencias de salud y de la ahora Fiscalía General de Oaxaca para eliminar los obstáculos morales del personal obligado a no re-victimizar a las mujeres violando sus derechos. Pero no, todavía no se logra que esos criterios se apliquen y México de cumplimiento –como establece la norma- a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia y contra la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979); Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989); Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23-mayo-1969); Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” (OEA, 1994); Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969); y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).
En fin, tendríamos que ser “personas más humanas” aunque esto le suene a redundante. Humanizar a quienes sugieren que abortar es un pecado, ese instrumento de control en que se convierte la derecha y sus instituciones. El personal médico tendría que ponerse en los zapatos de las niñas y mujeres que sufren violencia sexual para actuar y proteger sus derechos.
Tendríamos que pensar que la violencia sexual y el embarazo forzado son lastres que nos han perseguido desde el principio de la historia y, por qué no, detenernos unos minutos para pensar qué significa para una niña y para una mujer engendrar el producto de una violación. Recuerdo una frase que seguramente ya conoce: sería el recordatorio permanente de la agresión sufrida, el recordatorio de que su vida no vale nada. Pero esa frase no se acerca en nada a lo que seguramente significa para una niña o para una mujer tener una vida rota.
El delito es la violación, a quienes se debe castigar es a los violadores sexuales; el derecho es abortar en condiciones que no pongan en riesgo la vida de las víctimas de violación. De eso se trata la propuesta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.



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