Mujeres

El aborto por violación ya es un derecho y no está en discusión

La Comisión de Igualdad de Género sólo busca fortalecer una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM-046.


* El dictamen propone que cada estado de la República tenga programas de capacitación, evaluación al personal y que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM-046.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 17 de marzo de 2017.- El Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE) aclaró que el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que pretende reformar tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no modifica el derecho al aborto en casos de violación en ninguna entidad del país.

“El dictamen no cambia en nada la legalidad de la interrupción del embarazo para las mujeres víctimas de violencia sexual”, precisó la organización feminista ante el ambiente de confusión generado por la discusión de la propuesta legislativa.

La asociación recordó que el aborto por violación es legal en todas las entidades federativas y que es obligación de todas las instituciones de salud del Estado garantizar que las niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual tengan acceso al aborto, sin que éste se condicione a la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público o autorización de cualquier autoridad.
 
“El aborto por violación es legal en todo el país. Así está establecido en la NOM 046 (NOM 046-SSA2- 2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención), en los códigos penales de todas las entidades federativas, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, puntualizó.

Así, independientemente del resultado de la discusión del dictamen, cuando ésta se programe, el aborto por violación es y permanecerá legal en todo el país, señaló GIRE a través de un comunicado.

Además, indicó que la Comisión de Igualdad de Género sólo busca fortalecer una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM-046, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
 
El dictamen propone que cada estado de la República tenga programas de capacitación, evaluación al personal y que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM-046.

GIRE reveló en su estudio “Violencia sin interrupción” que de enero de 2009 al 30 de junio de 2016 se iniciaron 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República, y que únicamente hubo 61 procedimientos de aborto por violación reportados por las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE, que representan el 0.08 por ciento del total de los casos.

Estos datos que reflejan que el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud, el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y de la vida de las niñas y mujeres, obstaculizan los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron haber sufrido.

El grave problema que viven niñas y adolescentes mexicanas, como la violencia sexual y el matrimonio forzado, son factores que contribuyen a la alta tasa de embarazos durante ese periodo vital, “las víctimas de violencia sexual son expuestas, además de a embarazos no deseados, a lesiones físicas y psicológicas e infecciones de transmisión sexual, como lo señala la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA)”, afirmó GIRE en esta investigación.
 AM/GR



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