Proteger a las niñas y adolescentes, la gran mentira

Ambigú

2017-10-12 19:00:02 Leído : 788 veces.
Caso Stalin Sánchez ¿de parte de quién?

SemMéxico, Morelia, Mich., 12 octubre 2017.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició el pasado 26 de septiembre, una queja de oficio y emitió medidas cautelares en torno a la menor “Luz María”, de 13 años de edad, quien dio a luz a una bebé, el 22 del mismo mes, en el sucio piso de una “casa de huéspedes”, en el centro de Morelia.

La menor no era huésped del feo lugar, ni su pareja, un hombre de unos 50 años, que al ver que estaba a punto de parir, la abandonó y huyó. El encargado pidió ayuda al 911. En la espera, una patrulla de Seguridad Pública que transitaba por la calle Manuel Muñiz paró y nuevamente solicitó apoyo médico.

Transcurrían los minutos y la bebé ya quería salir, por lo que el oficial solicitó refuerzo directamente a la ambulancia de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP). Llegó primero que la Cruz Roja. Prestaron el servicio y la “benemérita institución” trasladó a la niña madre al Hospital de la Mujer y a la neonata al Infantil.

El alumbramiento de una menor en un hotelucho en el centro de Morelia, fue nota roja de un día.

Nadie más se ocupó del caso, ni los propios medios y mucho menos las autoridades estatales obligadas por ley, a velar por los derechos de la niñas, niños y adolescentes.

Ya nadie sabe qué fue de “Luz María”, madre a los 13 años, ni de su bebé. En la realidad, no en el discurso oficial, a nadie le importó.

A la CEDH respondieron aceptando las medidas cautelares, la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependencia del DIF estatal; la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública. La primera, en espera de corroborar lo que publicaron los medios, la segunda en verificar en qué hospital se les atendió y la tercera, solo dio a conocer el parte policiaco, pero “va a investigar”.

La Norma Oficial Mexicana 046 (Norma Oficial Mexicana 046-SSA2- 2005) ha sufrido varios cambios en el contexto de garantizar de la mejor forma posible, una sexualidad sana en cuanto a los derechos reproductivos de niñas y adolescentes.

Uno de los más trascendentes, conforme al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) es el establecimiento de la edad de doce años, a partir de la cual las adolescentes pueden solicitar y acceder a los servicios de la interrupción legal del embarazo, en casos de violación, sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores.

“Esta modificación sienta un precedente en su reconocimiento como titulares de derechos y personas capaces de tomar decisiones autónomas e informadas respecto a su salud y vida reproductiva de conformidad con su grado de desarrollo físico y mental y en atención a su interés superior y necesidades individuales”, destaca GIRE.

Es importante señalar que debido a que la norma también regula acciones de prevención y detección de casos de violencia familiar y sexual, a pesar de la eliminación del requisito de la denuncia, el personal de salud continúa obligado a notificar al Ministerio Público o Fiscalías sobre presuntos casos de violencia que identifique y atienda, particularmente cuando se trate de menores de 18 años, al constituir posibles delitos que se persiguen de oficio, sin que esto implique un obstáculo que condicione la prestación de servicios de salud a las mujeres.

En el caso de “Luz María”, tuvieron conocimiento del caso, no solo los paramédicos de la Cruz Roja que trasladaron a las niñas a los hospitales, sino el propio personal de estos centros, que las revisaron y echaron a la niña madre a la calle, junto con su beba.

Sencillamente, en Michoacán, la NOM 046 no aplica. Que las niñas, niños y adolescentes se salven si pueden o que se hagan responsables sus papás.

¿Fue una violación? ¿trata de menor? ¿quién es el padre? ¿y la familia? No hay ninguna denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Qué pena. Pero en Michoacán, la protección a niñas, niños y adolescentes es una gran mentira…

***

De veras que el asesinato de Stalin Sánchez, presidente municipal de Paracho, nos tiene en ascuas.

No porque sea raro que en Michoacán maten alcaldes. De hecho, hubo tiempos en que caían por montones; cuando todos, los 113, pagaban la cuota a los templarios o les tocaba plomo. No lo digo yo, lo dijo el propio Alfredo Castillo en 2014. Todos confesaron, en reuniones privadísimas con el virrey, que estaban amenazados.

Eran los tiempos de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, hoy renegados del PRD y del PRI que ya andan, uno con Morena y otro con el Verde Ecologista. ¡Háganme el favor!
El caso, que en la era silvanista, se mantiene esa lucha feroz contra los malosos y cuando no han sido atrapados, caen abatidos. Lo que hoy lacera a la población, es la delincuencia del fuero común, robo de vehículos, a casas habitación y combustible, así como los asaltos con violencia a negocios y transeúntes. Nada que no suceda en otras partes del país.

Pero decía que a los alcaldes, los traía en jaque “la maña”. Pagaban o los mataban. Las autoridades sabían y no hacían nada, pero el amedrentamiento y los “mensajes” –atentados- eran de cajón.

Una especie de tortura psicológica, a los munícipes y desde luego a sus familias.

Desde que asumió la gubernatura Aureoles Conejo, de octubre de 2015 a la fecha, en territorio
michoacano solo había sido asesinado un alcalde. Pero de Ciudad Altamirano, Guerrero. Ambrosio Soto Duarte tenía negocios en Huetamo y regularmente se le veía en la caliente región. Lo vinieron a matar aquí.

El 15 de agosto de 2017, fue asesinado en Sahuayo, el ex presidente municipal Rafael Ramírez Sánchez, quien ¡ojo!, era notario público. Tras el hecho, fueron investigados mando y elementos de la Policía Municipal y presuntamente hubo una detención de un civil y ya no se dieron mayores detalles.

Pero a Stalin Sánchez, hace ocho días, saliendo de su casa en el centro de la cabecera municipal, lo mataron. Por testigos, fueron cinco encapuchados armados que lo esperaban en una camioneta gris. Cumplieron su misión y huyeron.

Hubo, efectivamente, una búsqueda muy intensa. Prácticamente se copó esa entrada a la Meseta, pero no dieron con los hechores. Así escriben los policiacos.

Fue una ejecución típica del crimen organizado, pero atípica en el contexto que rodeaba a un alcalde que no daba mala nota. Era risueño y de buen carácter. Trabajaba por su municipio y gustaba de promocionar los festivales de globos y el mundialmente conocido de la guitarra. Era un buen hombre joven, pues.

El lunes 9, en la tradicional rueda de prensa del PRD, el presidente estatal, Carlos Torres Piña, que es precisamente oriundo de Paracho; el secretario general, Antonio García Conejo y el vicecoordinador de los ahora 48 ediles de ese partido, José Guadalupe Coria, de Villa Morelos, no salían del estupor. Estaban pálidos como la cera y no encontraban las palabras para expresar en su real magnitud, su desconcierto ante lo sucedido.

Todos juraron que nunca, a ninguno de ellos, Stalin les comentó que fuera acosado o amenazado de alguna manera, por alguien o por un grupo criminal. García Conejo, el más cercano al gobernador, aseguró que no había antecedentes de acoso por ningún lado. Expuso que el tema de seguridad “es muy complejo y requiere de la coordinación de las autoridades de los tres niveles, pero también de la sociedad; que si sabe algo o vio algo, pues que denuncien para que se esclarezca y se de con los responsables”.

Aceptó que ante la desesperación de la gente, se termina echando la culpa a las autoridades. “Pero hay que esperar las investigaciones y no abonar a las especulaciones sobre el móvil”.

Es cierto que la Meseta, hace años era zona impenetrable, por la presencia de los cárteles del narcotráfico en el negocio de la madera. Es cierto que el recurso había sido motivo de disputa entre comunidades indígenas, pero hoy los fenómenos, por lo menos en Paracho, estaban controlados.

Entonces, si no es “la maña” de todos conocida, entonces ¿de parte de quién?

Por lo pronto, finalmente el procurador José Martín Godoy tomó la mejor decisión: no dar a conocer detalles sobre las investigaciones que están en curso. Y es que en el caso del periodista Salvador Adame, asesinado en mayo pasado, cedió a las presiones de la prensa y cometió graves errores de comunicación que terminó bien raspado…

***

Y como en el caso Stalin, me sigo preguntando cómo presidentas municipales terminan tan mal y en la cárcel.

Me refiero al de las priístas Gisela Vázquez, de Turicato y Dalia Santana, de Huetamo.

A Gisela la acaban de detener el pasado miércoles 11, junto con tres policías municipales, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre, el 10 de marzo pasado en la tenencia de Puruarán.

Curiosamente, el 14 agosto, el primer damo del municipio, o sea, su esposo Jorge García Méndez, mató a un hombre a fuera del lujoso y caro fraccionamiento privado en Altozano de Morelia, donde residía la pareja.

Desde entonces y hasta el cierre de esta entrega, el marido, que había sido en tres ocasiones director de Seguridad Pública de Turicato, seguía prófugo.

La alcaldesa declaró que el hombre era un sicario que la quería matar y su esposo solo la defendió. Pero desde ¿cuándo los matones no portan armas y se hacen acompañar por su esposa embarazada? Seguramente la iba a asesinar con las manos o a malas palabras.

El caso de Dalia es igual de tenebroso. El 14 de agosto de 2014 fue detenida por el asesinato de quien fuera su compadre, Antonio Granados Gómez, ocurrido el 9 de abril de 2013, y acusada de extorsión al descontar 20% del salario de los empleados municipales de Huetamo, para entregarlo como “cuota” a “La Tuta”.

El 8 de marzo de 2016, a Dalia la sentenciaron a 22 años de prisión.

De veras, ¿cómo es que terminan así?...


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